Texto y fotografías de Desiree Madrid
El colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros S.L.P. A.C. presentó este sábado un informe sombra que documenta con cifras oficiales, testimonios de víctimas y un análisis territorial exhaustivo, la grave crisis de desapariciones que atraviesa San Luis Potosí.
El documento, construido desde la experiencia directa de las familias que buscan a sus seres queridos y solicitudes de transparencia, revela que entre enero de 2018 y mayo de 2025 se han registrado oficialmente 1 mil 818 personas desaparecidas, de las cuales más de 700 siguen sin ser localizadas.
La investigación refleja no solo la magnitud del fenómeno, sino también el abandono, la revictimización institucional y la ausencia de respuestas reales por parte del Estado.
El informe fue presentado de manera paralela a una manifestación encabezada por madres buscadoras. El contingente partió del Jardín de Tequisquiapan y llegó hasta las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde colocaron mantas, pancartas y fichas de búsqueda.
También intervinieron las paredes del edificio, en las que pintaron los nombres de sus familiares desaparecidos, acompañados de fechas y consignas. Advirtieron que, si esos nombres son borrados, volverán a escribirlos. La acción fue un grito de protesta contra una institución que les ha fallado sistemáticamente a las víctimas, pese a tener el mandato de proteger sus derechos.
Durante la protesta, Edith Pérez Rodríguez, presidenta de Voz y Dignidad, dio el siguiente mensaje:
“Lo voy a decir claro: esta ha sido una institución donde sus funcionarios solo cobran un sueldo quincenal y aguinaldo. Pero ¿quién puede levantar la mano y decir que la Comisión le ayudó, que estuvo ahí cuando fue violentada en sus derechos, que la acompañaron cuando fue a poner una queja por maltrato institucional? Nadie”.
Su denuncia refleja una desilusión profunda. Las familias no solo se enfrentan al dolor de la ausencia, sino también a una burocracia que no escucha, que minimiza, que evade.
El informe sombra no se queda en los números. Recoge los relatos de madres, hermanas y esposas que han tenido que volverse investigadoras, rastreadoras, gestoras y, muchas veces, hasta forenses ante la inacción estatal.
Narran cómo acuden a las fiscalías con la esperanza de que se activen protocolos de búsqueda inmediata, que se rastreen los teléfonos celulares de sus familiares desaparecidos, que se emprenda alguna acción.
En lugar de eso, se encuentran con funcionarios que les dicen que probablemente “se fueron por voluntad” o “andaban en algo”, culpabilizando a las víctimas y lavándose las manos.
Para muchas de ellas, la única forma de resistir ha sido transformar el dolor en acción colectiva.
“Nosotras prendemos veladoras porque no podemos ir al panteón. No nos han dicho que están muertos. Ellos viven hasta que nos demuestren lo contrario. Y mientras tanto, es nuestra responsabilidad buscarles y encontrarles. Si el Estado no lo hace, lo haremos nosotras”, sostuvo Pérez Rodríguez en su discurso frente a la CEDH.
A lo largo del documento, el colectivo desglosa la crisis por regiones del estado.
En el Altiplano, se documentan campos de exterminio, restos calcinados y tambos con cuerpos quemados con hidrocarburos.
En la zona Centro, particularmente en la capital, las desapariciones urbanas se multiplican: mujeres jóvenes desaparecidas tras salir del trabajo, adolescentes que no regresan a casa, casos de desaparición forzada y feminicidios.
En la zona Media, la crisis ha evolucionado: ahora incluso se emplea ácido para disolver cuerpos, y se han encontrado fosas en municipios como Rioverde.
En la Huasteca, la disputa entre cárteles y la colusión de autoridades municipales han detonado desapariciones masivas, muchas de ellas contra personas migrantes o comunidades indígenas.
El informe también señala las múltiples deficiencias de las instituciones encargadas de atender estos casos. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) trabaja con recursos limitados, sin personal suficiente, sin vehículos ni equipo forense adecuado.
La Fiscalía General del Estado (FGE), por su parte, ha sido denunciada por filtrar información de víctimas, por obligar a las familias a firmar formatos para emitir fichas de búsqueda como si se tratara de trámites administrativos.
Mientras, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que desde 2019 se comprometió públicamente a elaborar un informe especial sobre personas desaparecidas, no ha cumplido con esa responsabilidad. A pesar de haber realizado conversatorios con familiares, la institución no entregó resultados ni ofreció seguimiento. Las víctimas denuncian que solo usaron su testimonio y luego les cerraron la puerta.
La presidenta del colectivo fue clara al rechazar la actitud omisa y burocrática de la CEDH.
“Qué tristeza nos da ver a nuestros hijos en esas fichas que tanto nos costó que la Fiscalía sacara. Nos tembló la mano cuando firmamos para autorizar su difusión, porque lo que queríamos era que nos dijeran: ‘Aquí está su hijo, su hermano, su esposo’. Pero eso nunca pasó. En cambio, hoy seguimos buscándolos, y también seguimos criando a nuestros otros hijos como podemos, abandonándolos por salir al campo, por ir a cavar con las uñas, porque nadie más lo hace”.
El informe sombra concluye con una serie de propuestas que, hasta ahora, no han tenido eco en el Gobierno del Estado. Entre ellas, la creación de una Fiscalía Especializada en Desapariciones, el fortalecimiento inmediato de la Comisión Estatal de Búsqueda, la publicación semestral de informes por parte de la CEDH, la implementación de protocolos diferenciados de búsqueda para mujeres, niñas, migrantes y comunidades indígenas, y un compromiso real con la transparencia y la rendición de cuentas.
Pero más allá de las recomendaciones técnicas, el documento es, ante todo, una denuncia viva y dolorosa, una memoria colectiva que se resiste a la indiferencia institucional. Las madres no se cansan de repetirlo:
“No somos acompañantes. Somos las que buscamos. Somos las que exigimos. Y no dejaremos de alzar la voz hasta encontrarles”.
Frente a un Estado que ha normalizado la desaparición, ellas escriben los nombres de sus hijos e hijas sobre los muros, caminan bajo el sol con las fichas en la mano y sostienen, contra todo, la certeza de que merecen respuestas.
