Desiree Madrid
Un supervisor en activo de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) fue vinculado a proceso por el delito de discriminación, tras la denuncia interpuesta por la maestra Carmen Hernández Ortiz en julio del año pasado, por acoso y trato diferenciado por sus preferencias sexuales. La resolución fue informada por la abogada Xóchitl Tolentino, representante legal de la docente.
La determinación judicial implica que existen elementos suficientes para que el caso avance en la vía penal, aunque no representa una sentencia. Será en las siguientes etapas donde se desahoguen pruebas y se determine la posible responsabilidad del funcionario quien, de acuerdo con la denuncia, se desempeña como supervisor dentro de la estructura educativa estatal.
El caso se remonta a una serie de señalamientos realizados por la docente sobre su entorno laboral dentro de la SEGE. De acuerdo con su testimonio, el supervisor habría incurrido en conductas de hostigamiento y decisiones que impactaron directamente su desarrollo profesional, en un ambiente que, según expuso, estuvo marcado por señalamientos relacionados con su orientación sexual.
Entre los hechos denunciados, la maestra refirió afectaciones en sus condiciones de trabajo, así como obstáculos en su trayectoria laboral dentro del sistema educativo, además de que el uso de su orientación sexual fue un elemento recurrente en las conductas que describió como discriminatorias.
La docente indicó que acudió a instancias internas de la propia Secretaría para denunciar la situación; sin embargo, no obtuvo una respuesta efectiva ni medidas que frenaran las conductas señaladas. Esta falta de atención derivó en la decisión de llevar el caso ante autoridades externas.
El caso ha sido señalado por quienes lo han acompañado como un ejemplo de problemáticas en la atención de denuncias por discriminación dentro de espacios institucionales. En ese sentido, se ha planteado la necesidad de revisar los mecanismos internos de atención y seguimiento en este tipo de situaciones.
Asimismo, se han realizado llamados a la SEGE, a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que intervengan en la atención de estos casos y se garantice el acceso a mecanismos de protección y reparación.
El proceso continuará conforme a las etapas del sistema penal, en el que se analizarán los elementos presentados por ambas partes. Será la autoridad judicial la que determine, en su momento, la responsabilidad correspondiente del funcionario vinculado, la abogada explica que será en tres meses cuando el proceso vaya avanzando.
