Astrolabio

 

Por: Antonio González Vázquez.

 

Con un tímido punto de acuerdo, la legislatura local se propone que el gobierno de Juan Manuel Carreras López reaccione ante las violaciones que se cometen a los derechos de las mujeres así como de niños y niñas al interior de los reclusorios de la entidad, mismas que han sido documentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el “Informe Especial de sobre el estado que guardan los derechos humanos de las mujeres internas en centros de reclusión de la República Mexicana”.

La diputada del PRD, Dulcelina Sánchez de Lira presentará este jueves un Punto de Acuerdo dirigido al gobernador del estado y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que hagan algo a favor de los derechos de las madres reclusas y de sus hijos.

 

Este es el Punto de Acuerdo que se propone:

 

“El Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí exhorta respetuosamente al Gobernador Constitucional del Estado, así como al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, para que de manera conjunta, de acuerdo con sus atribuciones, instrumenten acciones que tiendan a erradicar las prácticas y las condiciones que se presentan en el ámbito penitenciario, que resultan en la violación de los derechos humanos de niñas y niños que viven con sus madres al interior de los Centros de Reinserción Social de la Entidad”.

 

Precisa que “resulta urgente emprender acciones en relación con las niñas y los niños que viven con sus madres al interior de los centros de reclusión del Estado, a efecto de romper con la sinergia que a lo largo de los años se viene presentando en el ámbito penitenciario, y que ha resultado en la violación de los derechos humanos y libertades fundamentales de la niñez”.

 

En su justificación, reproduce parte del Informe de la CNDH en los que se incluye a San Luis Potosí como una de las entidades con centros de reclusión en los que no se atiende en el marco de la ley a madres e hijos.

Por ejemplo, en ese Informe se documento que se tuvo conocimiento de “irregularidades relacionadas con la mala calidad de los alimentos, cantidades insuficientes para satisfacer las necesidades de las internas; proporcionándoles dos comidas al día; entrega de despensa para que se preparen sus alimentos, o no se proporciona alimentación especial a los hijos de las internas que viven con ellas en el centro penitenciario”.

Además, “en 10 centros de los estados de Baja California, Chiapas, Distrito Federal, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas, no se permite la estancia de menores de edad con sus madres internas, lo que por supuesto vulnera el derecho de los menores de estar y convivir con sus madres, así como el interés superior de la infancia”.

 

En otros casos, se encontró que “en 53 establecimientos en los que se permite la estancia de menores de edad con sus madres, ubicados en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, no se brinda apoyo para que tengan acceso a los servicios de guardería y/o educación básica mientras permanecen en esos lugares.

 

El Punto de Acuerdo que se espera sea aprobado, tiene el propósito de exhortar a las autoridades a que resuelvan esos problemas y se respeten los derechos de los niños y sus madres en prisión.

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