Alejandro Rubio
Este 2026 se cumplen 10 años desde que empresas constructoras invadieron San Marcos Carmona; 10 años de que los derechos humanos de decenas de comuneros han sido atropellados; 10 años de que los tres poderes del estado le dieran la espalda a toda una comunidad; 10 años en lucha, pese a cualquier adversidad.
Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación encendió una luz importante sobre San Marcos Carmona: atraerá un caso que criminaliza a luchadores sociales de la comunidad, quienes únicamente han defendido su derecho a transitar por su territorio, para subsistir en las que tierras donde alguna vez encontraron paz y que injustamente les fueron robadas.
El Estado tiene una deuda enorme con San Marcos Carmona. Desde el inicio les dio la espalda a muchas personas que viven al día y cuyo único patrimonio se encontraba en las tierras donde lucraron los fraccionadores que construyeron Fuerteventura, Forja Real y Ojaranza.
Desde el juez que ordenó la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de las escrituras para la venta de las tierras, hasta el juez que sentenció a los comuneros por el derribo de una barda, ha sido una larga cadena de corrupción que opera con aval de los poderes Judicial y Ejecutivo, a favor de los empresarios.
Al día de hoy, respaldados por la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la UASLP, la comunidad cuenta con cuatro suspensiones definitivas a su favor para que se detenga la construcción que contamina el Río Calabacillas, mismas que no han sido acatadas, por lo que son más y más irregularidades que no cesan en el caso.
Por allá del 2020-2021 cubría el despojo de tierras en San Marcos Carmona. Era increíble ver el aval del Estado en aquella injusticia y era muy fácil darse cuenta de ello. En cuanto un grupo de comuneros hacía acto de presencia en las obras, al poco tiempo arribaban las patrullas, dos o tres con al menos ocho policías, o camionetas sin ningún tipo de identificación con hombres armados en su interior.
Aquel era el poder del Estado (amedrentamiento) ejercido sobre un grupo conformado en su mayoría por personas mayores de 50 años, gente acostumbrada a trabajar la tierra y a ganarse el pan diariamente bajo el sol.
Curiosamente uno puede estar en una situación de peligro y llamar al 911 sin que haya respuesta, pero en aquellos días las patrullas de la Guardia Civil Estatal llegaban casi en automático, como si los fraccionadores contaran con un botón de pánico guardado en el bolsillo.
La ofensa era y sigue siendo enorme, porque hoy es más de lo mismo. Si las suspensiones definitivas no se han respetado, es porque el gobierno estatal no quiere hacer que se respeten.
Y como ya se ha vuelto costumbre, hay que echar mano de las autoridades federales para que vengan a hacer respetar la ley. Ya con la pelota en cancha de la renovada Suprema Corte de Justicia de la Nación, le tocará a los nuevos ministros y ministras sentar un precedente a favor de las comunidades que, como San Marcos Carmona, han sido amedrentadas y criminalizadas por defender lo suyo.
Así ocurrió con la Sierra de San Miguelito, un caso encabezado por luchadores sociales potosinos que tuvieron que tocar puertas fuera del estado para poder ser escuchados y combatir los intereses empresariales cobijados por el Poder Ejecutivo.
La misma necesidad se replicó en Corcovada, donde se encendieron los reflectores para que la autoridad federal detuviera aquel presunto banco de materiales que tenía más apariencia de mina. Un negocio ya palomeado por el gobierno estatal para el que incluso proporcionaba elementos de seguridad para el resguardo de las asambleas ejidales en las que se pretendía aprobar la venta de las tierras.
Y actualmente también ocurre en ejidos como El Peyote y Peotillos, sobre los que se pretende construir la nueva autopista SLP-Matehuala.
Por todo ello es que 10 años de San Marcos Carmona en resistencia son de reconocerse, y mucho. No es fácil seguir en pie de guerra cuando el contrincante tiene al Estado de su lado. Sin embargo, la convicción es algo que ni todo el dinero del mundo podría comprar ni cualquier empresario podría aplastar… si no pregúntenles a los socios de Espacios en el Horizonte.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente director editorial de Astrolabio Diario Digital, con interés y experiencia en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. Formó parte de la tercera generación del MásterLab en edición de investigaciones organizado por Quinto Elemento Lab.
