Vocero de Seguridad asegura que feminicidios en SLP van a la baja

Miguel Gallegos Cepeda indicó que la incidencia ha bajado en un 58%.

María Ruiz

El vocero de Seguridad, Miguel Gallegos Cepeda, aseguró que de acuerdo a las estadísticas y reportes que se han presentado a nivel nacional por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los delitos sexuales y feminicidios van a la baja en la administración del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Esto luego de la muerte violenta cometida contra la joven Chuyita Lelixia Rodríguez Rodríguez, en el municipio de Villa de Arista.

“En especial este tema desde el día uno lo ha traído el jefe del Ejecutivo, con la intención de prevenir esta situación y existe una coordinación muy estrecha con la Fiscalía General del Estado para poder contener estos actos, y prevenir sobre todo”, dijo.

Actualmente se desarrolla conjuntamente entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Gobierno del Estado una estadística para dar a conocer cuál es el trabajo que se ha lleva a cabo respecto a la problemática del feminicidio, dijo el vocero de seguridad.

“En lo que va de esta semana se han detenido a cinco personas relacionadas con delitos feminicidas”.

Además, Gallegos Cepeda declaró que se ha bajado la incidencia de este delito en San Luis Potosí en aproximadamente el 58 por ciento, respecto al último reporte realizado.

“No es una cifra mayor en los casos, cada uno de los que se pueda presentar, es digno de ponerle atención y dar seguimiento hasta que se pueda determinar cuáles son las causas y obtener la responsabilidad para quien esté involucrado”.

Actualmente, según lo referido por el vocero de Seguridad, la práctica de este delito se percibe mayormente en la zona metropolitana debido a la densidad poblacional.

“Otras zonas como la zona rural de la Huasteca potosina también representan esta práctica”, indicó.

Por último, aseveró que para poder contrarrestar los efectos de la violencia feminicida se debe tener la colaboración de las y los potosinos, y por supuesto del Estado para poder conocer el riesgo que significa cualquier presunto delito, amenaza y así dar seguimiento.

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