Fernanda Durán
Pasará al pleno para su votación en el Congreso del Estado, la iniciativa que establece un periodo de 10 años para las y los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia (STJE), sin posibilidad de ratificación; mientras que las y los consejeros de la Judicatura estarán únicamente cinco años en el cargo.
La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobó el dictamen que reforma los artículos 90 en su párrafo Décimo Segundo, 97 y 98 en su párrafo Tercero de la Constitución Política de San Luis Potosí, como respuesta a las impugnaciones presentadas por magistrados que no fueron ratificados, señaló el diputado presidente de la Comisión, Edmundo Azael Torrescano Medina.
“Nos han impugnado los magistrados por el tema de la reelección, que ahora inclusive los diputados tenemos que votar y le pegamos una justificación, la propuesta del diputado Juan Francisco Aguilar fue 10 años para magistrados sin posibilidad de reelección (…) consejeros de la Judicatura tenían cinco años, con posibilidad de reelección, ahora, sin posibilidad de reelección”.
El diputado explicó que, actualmente, las y los magistrados del STJE son electos por seis años con derecho a una ratificación por nueve años más, por lo que dicha iniciativa aumentará el periodo fijo e impedirá que se reelijan.
Aclaró que las y los magistrados que se encuentren en funciones antes de la aplicación de esta reforma podrán reelegirse “porque la ley no es retroactiva en perjuicio, solo en beneficio, y se trabajó un transitorio para quienes están en ese supuesto”.
Dentro de la comisión también fue aprobada la reforma al artículo 77 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, donde establece que los secretarios de municipios con más de 100 mil habitantes serán, solamente, licenciado o licenciada en Derecho.
Torrescano Medina indicó que los ayuntamientos contemplados en la reforma son San Luis Potosí, Matehuala, Soledad de Graciano Sánchez y Tamuín. No obstante, existe la posibilidad de anexar a Rioverde y Tamazunchale a la modificación si los legisladores reciben una actualización de población por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
