Alejandro Rubín de Celis
Y la elección del nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, ¿para cuándo? ¿Qué pasó con la supuestas modificaciones a la Constitución para dotar de autonomía a esa pieza fundamental del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA)? ¿Ya se les olvidó a los diputados?
Han pasado tres meses desde que Jorge Vera Noyola renunció a la ─mejor conocida como─ Fiscalía Anticorrupción (FA) y ni el gobernador Juan Manuel Carreras López ha mandado la terna para nombrar a su relevo, ni los legisladores han presentado alguna iniciativa de reformas constitucionales para dotar de autonomía a ese órgano del Estado.
Claro que las medidas de confinamiento a causa del coronavirus han resultado un buen pretexto para que los diputados dejaran varios asuntos pendientes, entre ellos la citadas modificaciones constitucionales que con tanta vehemencia promovió el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Rolando Hervert Lara durante el mes de febrero, con el apoyo de la bancada panista, pero que desapareció de la agenda legislativa desde hace más de dos meses.
¿Por qué el presidente de la Jucopo dejó de lado tan relevante tema de la agenda pública? ¿Será que el gobernador o el dirigente de su partido le llamaron la atención por andar impulsando iniciativas que pueden afectar a la clase política de la que también forman parte las élites panistas?
Al día siguiente de la renuncia de Vera Noyola ─31 de enero pasado─ Hervert Lara dijo que se buscaría agilizar la aprobación en comisiones y luego en el pleno de las reformas constitucionales, que él mismo propuso desde diciembre pasado para supuestamente evitar que ese órgano estuviera subordinado a cualquier otro poder o entidad pública.
Mientras tanto, el gobernador del estado se aprovecha de que no hay una fecha límite para presentar una terna para el nombramiento del nuevo fiscal y parece que el timing para garantizar impunidad a sus protegidos que enfrentan problemas con la justicia le está saliendo a la perfección, pues a eso han contribuido incluso las medidas sanitarias que se han tomado a causa del Covid-19.
De hecho, aunque de manera simulada anunció el combate a la corrupción como una de sus principales banderas al inicio de su administración, han transcurrido casi tres años sin que funcione el Sistema Estatal Anticorrupción ─desde que se aprobó el paquete de leyes correspondiente y que el gobernador presentó originalmente como iniciativa preferente un mes después de tomar protesta─ cuyo Comité Coordinador ha sido boicoteado por representantes afines al gobierno estatal ─principalmente el ahora ex contralor estatal, Gabriel Rosillo─. En ese lapso, Juan Manuel Carreras ha visto desde la barrera los constantes desencuentros entre miembros del Comité de Participación Ciudadana sin buscar una solución a los conflictos, y ha guardado silencio a pesar de que aún no se nombra al secretario técnico del SEA, pieza clave para el buen funcionamiento de todo el Sistema.
Como queda claro, también se ha abstenido de presentar la terna para nombrar al nuevo fiscal anticorrupción con el argumento, según Alejandro Leal Tovías, secretario general de gobierno, de que están analizando a fondo los perfiles y las propuestas hechas por colegios de profesionistas, académicos y miembros de la sociedad civil para que cualquiera de las tres personas que se propongan deje satisfecha al conjunto de la sociedad potosina.
¿Será esa la razón o es que no encuentran la forma de elegir gente afín al gobernador pero que aparente representar los intereses de la sociedad? No hay que olvidar que tras la renuncia de Vera Noyola hubo una fuerte presión social para que a la Fiscalía Anticorrupción llegara una persona honesta e independiente que no se sometiera a los designios del gobernador, del fiscal general o de cualquier otro personaje del poder, ya sea público o privado.
En ese sentido, la propuesta de dotar de autonomía a la FA es positiva pero insuficiente porque la capacidad y determinación de integrar expedientes por actos de corrupción y judicializarlos, sin importar de quién se trate, depende en gran medida de la persona que la encabeza y no de la independencia, por decreto, de ese organismo.
El ejemplo más claro está en la Fiscalía General del Estado (FGE), que tiene carácter autónomo y cuyo titular fue procurador de justicia del estado por su cercanía con Juan Manuel Carreras López, lo que a la postre le valió el mote de fiscal carnal pues a nadie podría engañar al sostener que con una fiscalía independiente del Ejecutivo se actuaría conforme a derecho sin la influencia o imposición de nadie.
Federico Garza Herrera tomó protesta como titular de la FGE el 26 de octubre de 2017, luego de lo cual declaró: “Ustedes mismos van a ir viendo a lo largo del tiempo como va a ir transitando la Fiscalía y como se va separando de lo que antes tenía a la Procuraduría de alguna manera atada (…) A partir de hoy soy Fiscal, soy autónomo y haré lo que en las facultades la propia ley me permite”.
Pero desde hace dos años y medio ─incluso desde antes cuando era procurador─ Garza Herrera se ha dedicado más bien a obstaculizar y entorpecer el curso de importantes indagatorias y su respectiva judicialización en contra de diputados involucrados en la Ecuación Corrupta, del ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez, y de ex legisladores involucrados en fraudes mediante falsificación de firmas y uso de empresas fantasma para apropiarse de dinero público destinado al apoyo de personas vulnerables.
La autonomía de un organismo no es garantía de la correcta aplicación de la justicia. La clave está en las personas. Por supuesto que darle ese carácter a la Fiscalía Anticorrupción es imperativo y el Congreso está obligado a retomar la iniciativa de reformas constitucionales para que eso suceda antes de que el gobernador mande su terna a modo, pero lo más importante será encontrar un mecanismo que permita seleccionar al mejor perfil que además de capacidad técnica y calidad moral, tenga los suficientes arrestos para detener cualquier intento del poder para dar impunidad a servidores públicos y delincuentes de cuello blanco.
En ese sentido se requiere de un mecanismo que garantice la participación genuina de representantes de la sociedad civil para que no termine siendo una mera simulación.
O se apuran los diputados a realizar estas dos tareas esenciales ─aprobar las reformas constitucionales y diseñar el mecanismo de selección─ para contar con un órgano a la altura de las exigencias sociales de combate a la corrupción y la impunidad, o dejar pasar unos cuantos días más o si a caso semanas, puede ser demasiado tarde.
