En la primera mitad de su mandato, el presidente Enrique Peña Nieto ha conseguido que el Congreso apruebe 12 reformas estructurales, un hecho que el mandatario considera histórico y, asegura, logrará “transformar” y “mover a México”.
Aquí te presentamos un recuento del estatus en el que se encuentra cada una de esas reformas, algunas de las cuales ya están en la etapa de implementación, mientras otras todavía necesitan que se creen o modifiquen otras leyes para poder funcionar.
1. Laboral
Si bien la propuso el anterior presidente, el panista Felipe Calderón, fue aprobada gracias al apoyo del PRI. La izquierda se opuso porque la consideró “lesiva” para los trabajadores. Se promulgó el 30 de noviembre de 2012, un día antes de que Peña Nieto asumiera la presidencia.
Esta reforma incluyó nuevas formas de contratación —por temporada, por capacitación inicial, por periodo de prueba y por hora— y la regulación de la subcontratación o outsourcing.
A más de tres años de su entrada en vigor, expertos creen que no ha hecho crecer el mercado laboral, aunque el gobierno asegura que sí ha incrementado la generación de empleos.
2. Transparencia
Esta reforma surgió de propuestas que los tres principales partidos —PRI, PAN y PRD— presentaron desde el inicio de la 62 Legislatura, en septiembre de 2012. Quedó aprobada por consenso a finales de 2013 y se promulgó en febrero de 2014.
Con ella se modificó la Constitución, pero para que funcione todavía se necesitan leyes secundarias. De ellas, solo se ha aprobado la Ley General de Transparencia; aún faltan la federal de transparencia, la de datos personales y la de archivos, así como que las 32 entidades del país modifiquen sus normas en la materia.
La reforma creó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), con más facultades que su antecesor, el IFAI, e incluyó a más instituciones en la lista de sujetos obligados a transparentar su información (ahora deberán hacerlo los partidos, sindicatos y todo ente que reciba recursos públicos). Sin embargo, organizaciones no gubernamentales y expertos advierten que si bien estos cambios son positivos, el que se hagan realidad depende de que las leyes secundarias pendientes se diseñen adecuadamente.
3. Código procedimental penal
El Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) también se construyó con base en las propuestas de diferentes partidos. Tras la aprobación de ambas cámaras, el presidente lo promulgó en marzo de 2014.
El CNPP establece las reglas para los procesos penales en todo el país. Forma parte de la reforma de justicia de 2008, que debe estar en funcionamiento en junio de 2016 y para la cual aún se necesitan otras leyes secundarias.
4. Nueva Ley de Amparo
Se deriva de la reforma constitucional de 2011 en materia de amparo y se promulgó en abril de 2013, luego de ser negociada en el marco del Pacto por México por PRI, PAN y PRD.
Prevé que el amparo pueda promoverse para solicitar protección a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales firmados por México; además, posibilita presentarlo de manera colectiva.
Agrupaciones empresariales consideraron que la ley puede afectar a la iniciativa privada, pues limita la llamada suspensión provisional. Esto significa que si una autoridad realiza un acto que una compañía cree perjudicial, puede promover un amparo pero esto no implica que el acto de dicha autoridad se suspenda en automático.
5. Educativa
El presidente Enrique Peña Nieto la presentó en diciembre de 2012, pocos días después de asumir el cargo. Fue apoyada por los partidos que firmaron el Pacto por México, que la aprobaron y lograron que se promulgara en febrero de 2013.
La reforma implicó tanto cambios a la Constitución como nuevas leyes secundarias, todas las cuales ya quedaron avaladas y están en vigor. Esto significa que la reforma ya está en plena etapa de implementación.
Con ella se estableció que las plazas docentes solo podrán otorgarse y conservarse a través de evaluaciones, y que los profesores que falten a clases sufrirán descuentos en sus sueldos y podrán ser cesados. El gobierno asegura que con ello se garantiza que los alumnos tengan una educación de calidad. Sin embargo, el magisterio disidente considera que esto afecta los derechos laborales de sus agremiados, por lo que ha realizado protestas y amenaza con hacer más hasta que la reforma sea derogada.
6. Telecomunicaciones
Enrique Peña Nieto la presentó en marzo de 2013 en el marco del Pacto por México. Se aprobó con el respaldo de los tres principales partidos y se promulgó en junio de ese año.
Además de cambios a la Constitución, requirió leyes secundarias que se aprobaron y promulgaron a mediados de 2014. Con esto comenzó la etapa de implementación, en la que el órgano regulador del sector, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), debe vigilar que los concesionarios de radio, televisión, telefonía e internet no incurran en prácticas monopólicas. No obstante, algunos legisladores de oposición creen que esto será difícil porque las leyes secundarias aprobadas son “laxas” con las empresas.
7. Competencia
Se discutió, aprobó y promulgó junto con la reforma en telecomunicaciones. Su objetivo es fortalecer el combate a las prácticas monopólicas, para lo cual dio autonomía y más facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y creó juzgados y tribunales especializados.
Su legislación secundaria, la Ley Federal de Competencia Económica y una reforma al Código Penal Federal, ya fue avalada y está en vigor.
Entre las principales atribuciones de la Cofece y del IFT está poder sancionar con desincorporación o enajenación de activos a las empresas preponderantes, como ya ocurrió en 2014 con la cadena Televisa y con empresas del magnate Carlos Slim.
8. Financiera
El gobierno la propuso en mayo de 2013. Quedó aprobada por consenso y Peña Nieto la promulgó en enero de 2014. Con ella, de acuerdo con las autoridades federales, se establecieron medidas para facilitar que los ciudadanos accedan a créditos bancarios, con lo que se busca fomentar el crecimiento.
9. Fiscal
El Pacto por México incluía la discusión de una reforma hacendaria. Sin embargo, cuando la propuesta del gobierno no generó consensos, éste y el PRI buscaron y consiguieron el apoyo del PRD. El PAN se opuso, la tachó de “tóxica” para la economía y busca revertirla. Los empresarios también la rechazaron y algunos analistas consideran que frena el crecimiento.
Algunas de sus medidas polémicas fueron homologar el IVA fronterizo con el resto del país, subiéndolo del 11% al 16%; eliminar el régimen de pequeños contribuyentes (repecos), así como los impuestos Empresarial a Tasa Única (IETU) y a los Depósitos en Efectivo (IDE), con el argumento de simplificar la recaudación; limitar las deducciones en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y gravar los alimentos chatarra.
Junto con esto Peña Nieto propuso reformas legales de corte social, como crear una pensión universal y un seguro de desempleo. Sin embargo, a diferencia de los cambios fiscales, que se aprobaron y entraron en vigor, estos últimos siguen atorados en el Congreso.
10. Político-electoral
También formó parte del Pacto por México. Se aprobó por consenso a finales de 2013 y se promulgó en febrero de 2014. Tres meses después, en mayo de ese año, se avalaron sus leyes secundarias.
La reforma implicó que el Instituto Federal Electoral (IFE) se convirtiera en Instituto Nacional Electoral (INE), con más atribuciones para vigilar elecciones locales. Además, se incluyó la reelección de legisladores y alcaldes, la autonomía de la Fiscalía General de la República —que debe sustituir a la actual procuraduría—, y la figura de los gobiernos de coalición.
Aunque los principales partidos votaron a su favor, PAN y PRD han expresado quejas argumentando que la reforma no garantizó comicios más limpios. Por otra parte, la reforma aún tiene pendientes, como la reforma política del Distrito Federal, con la cual cambiaría el estatus jurídico de la capital.
11. Energética
Peña Nieto la presentó en agosto de 2013. El PRI consiguió el apoyo del PAN para poder modificar la Constitución y los partidos de izquierda votaron en contra. Así, tras sesiones maratónicas, la reforma quedó aprobada y se promulgó en diciembre de ese año.
Además de cambios constitucionales, esta reforma necesitó ajustes a alrededor de una docena de leyes secundarias, que se aprobaron y entraron en vigor en agosto de 2014. Con ello comenzó la etapa de implementación.
La reforma abre el sector energético a la inversión privada. El gobierno argumentó que esto era indispensable para modernizar la industria y generar crecimiento económico. En contraste, la izquierda acusó que esto equivale a privatizar los recursos energéticos, lo que Peña Nieto rechaza. Por otra parte, la instrumentación de la reforma ha enfrentado problemas, como el que menos empresas de las que las autoridades tenían previsto han participado en la licitación de campos para la exploración y explotación de hidrocarburos.
12. Anticorrupción
Las propuestas en la materia, de diferentes partidos, llegaron al Congreso desde septiembre de 2012. Más de dos años después, en la primera mitad de 2015, se aprobó y promulgó la reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción.
Con ella se establecieron cambios en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), que deberán coordinarse con la Fiscalía Especializada, el INAI y el Poder Judicial para investigar y sancionar actos de corrupción.
Pero para que la reforma y el nuevo sistema funcionen, todavía se necesitan leyes secundarias. ONG calculan que aún se deben modificar más de 20 normas.
CNN
