Carlos Rubio
Hace casi tres años, de las arcas del Ayuntamiento de la capital se pagaron 4 millones de pesos a nombre de Juana Cerda Morales, quien fue inscrita como tesorera del ejido Rancho Viejo La Libertad como parte de un contrato de promesa de compraventa por un terreno que presuntamente fue invadido por la administración municipal de Xavier Nava, para la construcción de un puente localizado en el bulevar Antonio Rocha Cordero. De aquel contrato y aquel dinero no se volvió a saber nada…
Cualquier persona con pies y cabeza sabía que ese dinero no debía ser pagado, que el terreno estaba en litigio y que no había orden judicial de realizar ningún tipo de pago, sin embargo, el anterior Cabildo, también encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, aprobó que los capitalinos pagáramos por adelantado al ejido, con lo que desapareció aquel proceso judicial y, además, puso un poco más atrabancado el camino de Xavier Nava que había sido inhabilitado.
El total del contrato era por 12 millones de pesos. Los siguientes pagos se harían conforme fuera avanzando el proceso de venta de las tierras por parte del ejido. Sin embargo, por obvias razones, todo se estancó en el primer pagó y después hubo silencio total al respecto, sin que hasta ahora se haya aclarado algo.
La principal razón del estancamiento es que las tierras siempre fueron del Ayuntamiento y nunca le pertenecieron al ejido. En innumerables veces se habló al respecto, pero la obediencia de los regidores a las órdenes de arriba les impidió hacer uso de razón.
Es por ello que el ejido nunca pudo acreditar la propiedad de las tierras ante el Registro Agrario Nacional y, por ende, no le fue posible venderlas.
Es necesario hacer hincapié en que esto se sabía desde antes de que el Ayuntamiento hiciera aquel primer pago. Aun así, la salida del recurso fue aprobada sin mayor complicación.
Un daño al erario que podría considerarse minúsculo, si se compara con otros desfalcos municipales, estatales y federales. Sin embargo, no deja de ser ofensivo por la forma en la que fue disfrazada la situación para hacerla ver como algo “necesario” para salvar las finanzas del Ayuntamiento. Además del silencio que desde entonces han guardado las autoridades cuando se les cuestiona al respecto.
Ya es un nuevo trienio y el alcalde Enrique Galindo Ceballos nunca ha aclarado qué fue de aquel pago que realizó y quién será el responsable de responder por él.
Un cabo suelto que podría jugarle en su contra en caso de que uno de sus opositores se haga de la capital en el próximo trienio.
Si alguien tuviera la intención de sacarlo de la jugada, ¿qué tanto tendría que escarbar para dar con este tema y escalarlo hasta el Congreso del Estado? ¿Podríamos tener a dos exalcaldes inhabilitados por la misma situación?
Un mar de posibilidades en una política potosina tan escandalosa…
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente director editorial de Astrolabio Diario Digital, con interés y experiencia en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. Formó parte de la tercera generación del MásterLab en edición de investigaciones organizado por Quinto Elemento Lab.
