Por Victoriano Martínez

El Sistema Estatal Anticorrupción no da una. La Comisión de Selección (CS) emitió el pasado 10 de julio, de la manera más discreta, una “Convocatoria para cubrir las vacantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí (SEA)”.

La convocatoria sólo aparece en la página de internet del Periódico Oficial del Estado, y no fue promovida en ningún otro lado.

Los 100 ejemplares de la edición, y que por casualidad alguien la encontrara mientras consultaba el Periódico Oficial vía Web, no fueron suficientes para que hubiera respuesta a la convocatoria de la CS.

El proceso de selección abierto plantea cubrir las vacantes dejadas por Alma Irene Nava Bello, quien renunció a la presidencia numeraria el 16 de octubre; por Blanca Torres Espinosa, supernumeraria 1, quien renunció el 27 de octubre, y por Benjamín Alva Fuentes, supernumerario 5, quien renunció el pasado 11 de abril.

En la propia convocatoria citan la fracción II del artículo 19 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.

“El proceso de selección del nuevo integrante no podrá exceder el límite de noventa días hábiles y el ciudadano que resulte electo desempeñará el encargo por el tiempo restante de la vacante a ocupar”.

Nava Bello renunció hace 202 días hábiles, en tanto que Torres Espinosa hace 194. Sólo en el caso de Alva Fuentes la CS estaría cumpliendo la obligación que ellos mismos citan en su convocatoria.

De acuerdo con las bases, la convocatoria fue abierta sólo para mujeres y para cubrir el tiempo restante del periodo contado a partir del 20 de septiembre del 2017 de cada uno de los integrantes que será sustituido.

Así, quien habría sido nombrada en sustitución de Nava Bello concluiría su nombramiento el poco más de un mes, y sólo quienes sustituyan a los supernumerarios durarán en el puesto poco más de cuatro años.

El periodo para la presentación de candidaturas se abrió del 16 al 27 de julio. La convocatoria prevé la publicación de las listas de participantes que hayan cubierto los requisitos. No hubo un solo registro. Un llamado en secreto tiene poco poder de convocatoria, a menos que también se hayan publicado en secreto.

El frustrado proceso incluía cuatro etapas posteriores a la recepción de propuestas, igual que en la selección que se realizó hace un año.

En la primera etapa se tenía previsto determinar el cumplimiento de los requisitos que establece la Ley. Esta etapa habría terminado el pasado 2 de agosto.

Para la segunda etapa se publicarían los nombres de las personas que pasarían a la siguiente y se daría a conocer el calendario de entrevistas individuales a los aspirantes. Esta etapa abarcaría del 3 al 10 de agosto.

La etapa de entrevistas, la tercera, estaba prevista para realizarse del 13 al 17 de agosto, y la deliberación y designación de los integrantes faltantes del CPC se haría entre el 20 y el 24 de agosto, con lo que concluiría la cuarta etapa.

La convocatoria fue aprobada por la Comisión de Selección el 26 de junio y se publicó en el Periódico Oficial el 10 de julio.

La integración del CPC ha resultado muy accidentada. A pesar de haber sido nombrados desde el 20 de septiembre de 2017, sus nombramientos fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado hasta el pasado 6 de julio.

En la publicación se reporta un acto que no ocurrió, ya que señala como fecha de la toma de protesta el 1 de noviembre cuando ésta ocurrió el 31 de octubre, además de incluir los nombramientos de las personas que ya habían renunciado e incluso una de ellas fallecido.

A las tres vacantes que se han generado por las renuncias, la Comisión de Selección tendrá que incorporar el nombramiento de quien sustituya a Carlos Raúl Espinoza Rincón, quien a partir del 1 de octubre habrá de asumir el cargo de regidor en Rioverde.

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