Por Victoriano Martínez

El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de San Luis Potosí nació muerto.

Hace más de un año lo advirtieron organizaciones civiles agrupadas en el Frente Ciudadano Anticorrupción.

La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción se aprobó el 6 de abril de 2017, y desde su entrada en vigor el 26 de mayo de ese mismo año, cada acción en torno al SEA lo hundía más en su tumba.

Cuando el 7 de julio de 2017 se nombró a cinco ciudadanos para integrar la Comisión de Selección que a su vez seleccionaría a diez ciudadanos (cinco como integrantes numerarios y cinco como supernumerarios) para formar el Comité de Participación Ciudadana (CPC-SEA) que sería la encargada de vigilar el buen funcionamiento del SEA, todavía existía alguna esperanza.

La Comisión de Selección enfrentó las primeras señales de un SEA saboteado de origen por una ley deficiente y cero apoyo desde el Ejecutivo y el Legislativo, que desembocó en nombramientos que, en pocos días, derivaron en renuncias de dos de sus integrantes: Alma Irene Nava Bello, a la presidencia numeraria el 16 de octubre y Blanca Torres Espinosa, supernumeraria 1, 27 de octubre.

Si bien después vinieron a rematar al SEA los nombramientos de fiscales carnales general y anticorrupción y titular de la Auditoría Superior del Estado también a modo del Ejecutivo, las deficiencias en el nombramiento del CPC-SEA se convirtieron en el mayor freno a cualquier posibilidad de rescatar el Sistema.

Paradójicamente la representación ciudadana en el Sistema Estatal Anticorrupción ha sido utilizada como el principal obstáculo para su funcionamiento.

Nombrados el 20 de septiembre de 2017, lograron rendir protestar hasta el 31 de octubre en un acto casi secreto en el Colegio de Contadores, pero sin presencia ni reconocimiento por parte de las autoridades estatales ni del Congreso del Estado.

Fue hasta el 6 de julio de este año cuando finalmente se publicó en el Periódico Oficial del Estado el acto de protesta del CPC-SEA con el que se les reconocía personalidad jurídica, aunque con errores como mantener entre los nombrados a quienes ya habían renunciado y señalar como fecha de la protesta el 1 de noviembre de 2017, con lo que refiere un acto que nunca ocurrió.

Renuncias, falta de reconocimiento y la publicación tardía en el Periódico Oficial generaron una rebatinga al interior del CPC-SEA, en la que primero se reconoció a Mónica Torres Palacios como presidenta temporal hace un año, en lo que se cubrían las vacantes dejadas por las renuncias.

La Comisión de Selección fue omisa para cubrir las vacantes. Cuando se da la publicación en el Periódico Oficial de los nombramientos del CPC, al incluir a quienes ya no estaban, se dio la renovación de la presidencia temporal de Torres Palacios.

Cuatro días después, el 10 de julio, la Comisión de Selección emitió una convocatoria casi en secreto para seleccionar quien cubriera las vacantes, que para entonces ya había una más tras la renuncia de Benjamín Alva Fuentes, supernumerario 5, el pasado 11 de abril. El proceso se frustró.

Como presidenta provisional, Torres Palacios impulsó la instalación del Comité Coordinador del SEA, pero en plena sesión instaladora, el pasado 28 de agosto, sus cuatro compañeros numerarios la desplazaron de la representación en ese Comité, y asignaron a Efraín Arriola Ortiz, el quinto de la lista de prelación.

La Ley del SEA no menciona ni mecanismo por el que se nombra la presidencia del CPC, ni el periodo que dura ese cargo.

Lo que más se le acerca a tal definición aparece en los artículos 11 y 21, que señalan que la presidencia del Comité Coordinador “será rotativa entre los miembros del Comité de Participación Ciudadana” por periodos de un año, y el artículo 24 que señala como atribución del presidente del CPC “representar a dicho Comité ante el Comité Coordinador”.

La combinación de esas disposiciones dejaría como presidente del CPC a quien los represente en el Comité Coordinador. El desplazamiento de Torres Palacios el 28 de agosto representó en realidad lo que suele ser calificado como un pinochetazo.

Tan tuvo esa característica, que al día siguiente el golpista Arriola Ortiz fue recibido por el gobernador Juan Manuel Carreras López, quien de esa forma avaló esa acción, si no es que reveló que estuvo atrás de ella.

En los nombramientos originales, Nava Bello fue electa como presidenta del CPC y, en consecuencia, representante en el Comité Coordinador por un año, es decir, del 20 de septiembre de 2017 al 19 de septiembre de 2018.

Tras su ausencia definitiva, la Comisión de Selección tendría que haber seleccionado a quien terminara su periodo. Si éste terminó el mes pasado, en sentido estricto ya no tiene que elegir a quien cubra su vacante, sino a quien ocupe la posición que debe ser renovada.

Pero también si el periodo de la presidencia concluyó, la rotación de que hablan los artículo 11 y 21 de la Ley del SEA debió aplicar desde entonces, es decir, el siguiente de la lista debería ocupar la presidencia, que en este caso es el regidor del municipio de Rioverde, Carlos Raúl Espinosa Rincón, quien al asumir ese cargo incumple los requisitos para ser parte del CPC.

Tanta indefinición hay en la forma de determinar la presidencia de CPC, que este jueves Juan Ramón Infante Guerrero, tercer supernumerario, se ostentó como presidente porque –según él– le corresponde por orden de prelación. En todo caso tendría que suplir la falta de un numerario, pero no la presidencia.

Ya en medios huastecos José de Jesús Sierra Acuña ha aparecido dando declaraciones como presidente del CPC, y Arriola Ortíz al encabezar el Comité Coordinador también está en el papel de presidente del CPC. Torres Palacios considera que su presidencia temporal es por noventa días hábiles a partir del 10 de julio en tanto la Comisión de Selección cubre las vacantes.

Planeado o no, todo indica que con las personalidades seleccionadas para integrar el CPC se cocinó un coctel pirotécnico que se auto sabotea y que, unido a una Comisión de Selección poco diligente para cumplir su función, permiten (¡vaya conveniencia!) que la parte gubernamental se lave las manos y pueda responsabilizar de la inoperatividad del SEA… ¡a su parte ciudadana!

Sí, la historia es larga y aún le falta mucho… con la perversidad de la parte gubernamental que evade el sistema anticorrupción cargándole la responsabilidad a la parte ciudadana.

Este jueves el nuevo autonombrado presidente del CPC abre el capítulo sobre otro tipo de ambiciones: pedir un presupuesto de 30 millones de pesos… ¿para seguir la rebatinga con otros incentivos?

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