Irregularidades gallardistas: era sólo cuestión de tiempo

Irregularidades gallardistas: era sólo cuestión de tiempo

Alejandro Rubín de Celis

Pese a no contar con datos oficiales, desde hace tiempo ya eran del conocimiento público las múltiples irregularidades cometidas por la administración municipal que encabezó Ricardo Gallardo Juárez. La primera y una de las más escandalosas fue sin duda la relativa a la compra de medicamentos a la fantasmal proveedora, Sandra Sánchez Ruiz, que primero fue revelada por la prensa y ahora confirmada por la nueva administración municipal, por un monto de 55 millones de pesos.

El trienio de Gallardo Juárez fue de una enorme opacidad y ausencia de rendición de cuentas. Nunca se supo cómo financió el Festival de la Cantera ─ni otros eventos populares con los que buscaba mantener e incrementar su clientela política─, la forma como adjudicaba obras, lo que negoció con Panavi para ofrecerle 209 millones de pesos extras sobre el contrato original, ni cómo le hizo para que la Cuenta Pública 2016 de su administración saliera con cero observaciones financieras por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE), mientras que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le hizo observaciones en ese mismo ejercicio fiscal por 440.8 millones de pesos.

Astrolabio Diario Digital ha documentado el presumible enriquecimiento ilícito de Gallardo Juárez y su familia con negocios inmobiliarios y mediante la creación de nuevas y lucrativas empresas de diversos giros comerciales ─salones de fiestas, una agencia de autos usados y un motel, además de sacar a flote su quebrada empresa de producción y venta de pollo y huevo─, desde que él y su hijo Ricardo Gallardo Cardona se incorporaron a la administración pública a partir del año 2009; su exorbitante gasto en medios de comunicación para promover el culto a su persona en su fallido intento por reelegirse como alcalde, y la operación de negocios irregulares a través de Interapas y de presuntas empresas fachada.

Pues al menos una parte de este breve recuento de anomalías, opacidad y presunto enriquecimiento ilícito ya salió a relucir de manera oficial como resultado de la conclusión del proceso de entrega-recepción entre la anterior y la nueva administración municipal.

El Ayuntamiento 2018-2021 acaba de dar a conocer que al término del referido proceso se documentaron mil 843 observaciones por irregularidades detectadas en la revisión de las distintas áreas y departamentos, de las que se estima un daño a la hacienda municipal por unos mil 200 millones de pesos. ¿Saldrá impune Ricardo Gallardo de estas inconsistencias como presumiblemente impunes se fueron otros alcaldes como Mario García Valdez y Victoria Labastida Aguirre? Está por verse. Los escépticos sostienen que sí, que se quedará sin castigo.

Y es que de casos e historia de corrupción e impunidad están llenas las administraciones municipales y estatales  en San Luis Potosí al menos en los últimos 40 años. Es pues más que razonable dudar de que ahora sí habrá castigo para un ex alcalde. Sin embargo, la nueva administración municipal viene sosteniendo desde la campaña y ahora en funciones que se presentarán las denuncias necesarias para que no haya impunidad ante los hechos de corrupción en que hubiese incurrido la administración gallardista.

Pero suponiendo que así fuera, son otras las instancias en las que recae la facultad de impartir y administrar justicia y de aplicar sanciones. Sobre las faltas administrativas graves, la contraloría interna del Ayuntamiento deberá presentar las denuncias ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa que deberá resolver, y en la comisión de delitos de corrupción ante la Fiscalía Especial en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, una instancia en la que, al igual que en la Fiscalía General del Estado (FGE), el gobernador Juan Manuel Carreras impuso como fiscal carnal a un ex colaborador suyo, Jorge Alejandro Vera Noyola.     

Hace nueve meses el Frente Ciudadano Anticorrupción presentó dos denuncias contra Ricardo Gallardo Juárez ante la FGE, una por el presunto desvío de recursos para la compra de medicamentos y otra por supuesto enriquecimiento ilícito, pero nada se conoce hasta ahora sobre las indagatorias.

Lo deseable y hasta exigible en el corto plazo es, no sólo que la nueva administración presente las denuncias a que haya lugar ante las instancias competentes, sino que presione a las Fiscalías General y Anticorrupción para que las demandas de carácter penal las integre en un solo paquete con las que fueron presentadas por el FCA y definan en un plazo razonable si hay indicios suficientes ─que pruebas hay de sobra para asegurar que sí los hay─ para presentar los casos ante los juzgados.

Pero aunque ahora se diga que la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción son auténticamente independientes del Poder Ejecutivo, la realidad es que el gobernador puso a dos incondicionales a la cabeza de ambas fiscalías ─ a Federico Garza Herrera en la FGE, y a Jorge Vera en la Anticorrupción, con la anuencia y complicidad del Congreso local─ por lo que ambos seguramente obedecerán cualquier instrucción que en el caso de las indagatorias sobre las irregularidades de Gallardo y sus colaboradores les dé el mandatario estatal.                 

De manera que en última instancia, en lo que toca al Poder Ejecutivo ─y seguramente  también en lo que se refiere al Poder Judicial─ dependerá del gobernador si habrá castigo para Ricardo Gallardo Juárez y todos aquellos funcionarios que por complicidad, omisión o por  la comisión de delitos deban ser sancionados, o si, como suele suceder, prevalecerá una decisión política ─en este caso producto, según se especula, de un acuerdo inconfesable de Carreras con Gallardo derivado de las elecciones de 2015 en las que se apoyaron mutuamente para ganar cada uno en el cargo por el que compitió─ que pondrá a salvo al ex alcalde.

Una posible salida de Carreras López para simular que se hará justicia sería sancionar a funcionarios menores, o hasta de alto rango, con tal de salvarle el pellejo al que quizá sea el político más desprestigiado y corrupto de los últimos 30 años en el estado San Luis Potosí.

Ni la nueva administración municipal ni la sociedad lo deben permitir.