Jaime Nava

Para proteger la vida de su proveedor de cámaras de videovigilancia y para prevenir que se cometa un “acto terrorista” en las instalaciones del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C5), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a cargo de Jaime Ernesto Pineda Arteaga, reservó toda la información relacionada con la compra de los equipos y las obras por un periodo de cinco años.

A la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE) se le pidió que desglosara el costo de las obras del C5 y que proporcionara el número de cámaras de vigilancia que instalaría en cada municipio, el modelo de las cámaras, el nombre del proveedor y el contrato celebrado para su adquisición.

En lugar de entregar la información solicitada, la dependencia la declaró reservada a petición del director general de Tecnología en Seguridad Pública, Ricardo Galindo Ceballos, quien se encargó de elaborar los argumentos que luego fueron transcritos al acta de la sesión del Comité de Transparencia en la que se aprobó la reserva de la información.

En la primera parte del apartado “motivación” del oficio SSP/DGTSP/EJ/1788/2019, Galindo Ceballos justificó el negarse a revelar el número de cámaras de vigilancia que se instalarán en los municipios, el modelo y proveedor, con el argumento de que la delincuencia organizada cuenta con “criminales que se encuentran capacitados hasta para crear un software que les permita tener el control” de las cámaras.

“Ahora bien el hecho de no proporcionar, o exhibir el contrato de adquisiciones a través del cual se adquirieron dichos artefactos, es para proteger y salvaguardar de cierta manera la integridad del proveedor, ya que al hacerse público, se expondría su vida misma, o de las personas cercanas a su entorno, debido a que los delincuentes buscarían la manera de presionarlo a que les dote de las características específicas, cantidad de artefactos suministrados”, alegó Galindo Ceballos.

Para no dar a conocer cuánto y en qué gastaron como parte de las obras del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C5), Galindo Ceballos realizó un “análisis minucioso” y concluyó que con el simple hecho de publicar los costos de los materiales habría personas que buscarían la manera de llevar a cabo algún acto vandálico.

“[…] y por qué no, hasta planear algún acto terrorista, al conocer el tipo de materiales en específico con el cual fue realizada esta edificación del C-5. Ya que se buscaría por cualquier medio la manera de neutralizar las instalaciones, así como sus diferentes componentes eléctricos, electrónicos, etc.”, se lee al final de la segunda página del oficio SSP/DGTSP/EJ/1788/2019.

El 5 de agosto, Israel Muñoz Romero, presidente del Comité de Transparencia; Carlos Morales Rojas, coordinador del Comité de Transparencia, y Cynthia Aydee López Marceleño, secretaria del Comité de Transparencia, sesionaron para confirmar la “reserva total” de la información por un periodo de cinco años.

73 cámaras de video vigilancia en todo el estado

Si con sólo conocer el número de cámaras de video vigilancia instaladas y su costo pone en riesgo la seguridad de todo el estado, San Luis Potosí debe estar en grave peligro. El 10 de julio de éste año, a través del oficio SSP/UT/0492/2019 la propia Secretaría de Seguridad Pública reveló que únicamente cuentan con 73 cámaras distribuidas en los municipios de la siguiente manera:

51 en San Luis Potosí

7 en Matehuala

8 en Rioverde

7 en Ciudad Valles

Para conocer el valor y tipo de cada unas de las cámaras que existen en el estado no se necesita más que consultar el inventario de bienes muebles que por ley la Secretaría de Seguridad Pública debe actualizar y difundir cada mes. En el archivo correspondiente a julio, entre todos los bienes, aparecen 259 cámaras de distintos tipos: de video de circuito cerrado, de monitoreo, de video domo, de videovigilancia, de video con sensor de movimiento, infrarrojas y de video digital, cuyos costos unitarios oscilan entre mil 590 y 114 mil 701 pesos.

Además, se tiene el registro de cinco sistemas de videovigilancia por los que en conjunto han pagado cinco millones 218 mil 717 pesos con 49 centavos.

Los argumentos de siempre

Astrolabio Diario Digital ha documentado diversos casos en los que la Secretaría de Seguridad Pública describe escenarios hipotéticos de violencia y daños a las estrategias de seguridad para evitar entregar información sobre temas de interés público.

En abril, la SSPE se negó a informar cuántos escoltas pagados con recursos públicos le fueron asignados para su protección al ex gobernador Fernando Toranzo Fernández, y también se reservaron los datos por cinco años, a pesar de que un mes antes la información ya había sido dada a conocer por la Secretaría.

Y para evitar que la delincuencia organizada “aprovechara” la información para realizar acciones contra los policías, la SSPE reservó todos los documentos relacionados con las armas que han sido robadas a agentes de la Policía Estatal o extraviadas por ellos. Una reserva que resultó inútil debido a que la Secretaría de la Defensa Nacional ya había hecho públicos los datos actualizados a septiembre de 2017.