Antonio González Vázquez
En un intento por limitar los probables actos de corrupción entre funcionarios de la Auditoría Superior del Estado, se pretende crear un organismo interno de control que se encargue de vigilar la actuación de los servidores públicos y en caso de identificar irregularidades, aplique sanciones o turne los casos por su gravedad a las autoridades correspondientes.
Marite Hernández Correa, diputada del partido Movimiento de Regeneración Nacional presentó una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado.
La iniciativa propone la adición del artículo 89 Bis el cual ordena que “la Auditoría contará con un órgano interno de control cuyo titular será elegido por el Congreso del Estado”.
De entre las atribuciones del titular del órgano de control de la ASE “investigar los actos u omisiones de los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado, así como recibir denuncias de faltas administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones por parte del titular de la Auditoría Superior del Estado, auditores especiales y demás servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado”.
También, “iniciar investigaciones y, en el caso de faltas administrativas no graves, imponer las sanciones que correspondan, en los términos de Ley de Responsabilidades”.
Del mismo modo, “presentar denuncias o querellas ante la autoridad competente, en caso de detectar conductas presumiblemente constitutivas de delito, imputables a los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado”.
Asimismo, “llevar el registro y análisis de la situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a la Auditoría Superior del Estado”.
En la iniciativa, se propone que el titular del órgano interno de control dure en su encargo por cuatro años con la posibilidad de una reelección. Para ser electo, el pleno del Congreso del Estado votaría sobre una terna de candidatos que sean propuestos por la Comisión de Vigilancia.
