Fernanda Durán
El Pleno del Congreso del Estado rechazó una iniciativa ciudadana con la que se pretendía que el Gobierno del Estado y los municipios establecieran programas de entrega gratuita de uniformes y útiles escolares; calzado, anteojos y desayunos nutritivos para estudiantes de educación básica en las zonas de alta y muy alta marginación, como parte de las obligaciones de los servicios educativos.
Aunque la propuesta planteaba que esta obligación se estableciera conforme a la suficiencia presupuestal del Estado y los municipios, fue desechada con 15 votos a favor, dos votos en contra y siete abstenciones la reforma a los artículos 82 y 107 de la Ley de Educación del Estado.
El Pleno consideró la improcedencia luego de que la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) señaló que la reforma requería una evaluación de impacto presupuestal, misma que debe ser validada por el Poder Ejecutivo previo a su aprobación, como lo indica el artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
A pesar de ello, inicialmente los estudiantes de la Universidad Tangamanga y promoventes de la iniciativa buscaban que el Estado proporcionara, a través de comedores, alimentación a las alumnas y alumnos de educación básica de instituciones públicas para que pudieran acceder a una vida saludable de la mano de la educación. Adicionalmente, se obtendrían beneficios como la disminución en la deserción escolar en sectores marginados de la población en donde las condiciones de vida son precarias.
Diputado señala incongruencia
El diputado Edmundo Torrescano Medina manifestó su voto en contra al considerar una incongruencia el desechar la iniciativa cuando hace un año se realizó la reforma al artículo 12 de la Constitución.
“Si en la Constitución hace un año establecimos que la población tenga una alimentación sana variada y suficiente, ahora argumentemos que no hay presupuesto para ello. Cuando hicimos esta reforma no pedimos impacto presupuestal”.
Con la reforma de hace un año referida por el diputado se estableció que: “toda persona tiene derecho a una alimentación suficiente y de calidad. Nutricionalmente adecuada. El Estad, lo garantizará y brindará programas y subsidios alimentarios, así como medidas para propiciar la adquisición de buenos hábitos alimentarios entre la población y fomentar la producción de consumo de alimentos con un alto consumo, nutricional”.
