Por Alejandro Rubín de Celis
En la competencia sin cuartel entre estados de la República Mexicana por ganar inversiones de firmas automotrices, y con el ofrecimiento de toda clase de apoyos y exenciones de impuestos, el gobierno de San Luis Potosí ha logrado atraer a tres importantes compañías multinacionales: General Motors, Ford Motor Company y BMW. Pero el proyecto para la construcción y operación de la planta de Ford naufragó debido a las presiones ejercidas por el presidente Donald Trump para que las empresas estadounidenses que operan en otros países regresaran a la Unión Americana, so pena de pagar altos aranceles por la importación de sus productos.
Como balde de agua fría cayó la noticia de la cancelación de la planta armadora en el arranque de 2017 al gobierno de Juan Manuel Carreras, quien, como los ex gobernadores Marcelo de los Santos y Fernando Toranzo se ufanaba de haber gestionado y conseguido la inversión de una firma automotriz que supuestamente traería grandes beneficios al estado.
No hubo nada que se pudiera hacer pues el contrato estipulaba la posibilidad de una cancelación y entonces el gobierno estatal y la empresa norteamericana procedieron a negociar la indemnización correspondiente en función de las inversiones que hasta enero pasado había hecho el Poder Ejecutivo del estado. Seis meses tuvieron que transcurrir para que se calculara el monto que debía reintegrar la compañía Ford, el cual se fijó en 65 millones de dólares, mil 169 millones 103 mil pesos al tipo de cambio vigente al cierre de la negociación.
El anuncio oficial lo hizo el gobernador Juan Manuel Carreras el 7 de julio pasado y una semana después el secretario de Finanzas, José Luis Ugalde informaba que el convenio respectivo se publicaría probablemente “hasta la próxima semana”. Prácticamente en un mes eso no ha sucedido y tuvo que mediar una solicitud de información y después un recurso de revisión ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (pues la información no se entregó en tiempo y forma de acuerdo a la ley), para que la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) liberara los primeros documentos relacionados con la cancelación del proyecto.
Se trata de la copia de un recibo con número de folio 0014102, fechado el 29 de junio pasado y expedido por la Secretaría de Finanzas por la cantidad de mil 97 millones 158 mil 200 pesos por concepto de “reembolso de gastos erogados por cuenta de Ford Motor Company, S.A. de C.V., para la preparación del terreno en el que se ubicaría la planta de San Luis Potosí”; y de la copia de un segundo recibo con folio 0014103 expedido en la misma fecha por 71 millones 944 mil 800 pesos por concepto de “pago de derechos de preferencia para la adquisición del terreno ubicado en el Estado de San Luis Potosí en el que se construiría la planta de Ford Motor Company, S.A. de C.V.” . Ambos recibos se expiden en papel membretado de la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado. También se entregó copia de la escritura relativa a la rescisión del contrato de los terrenos que le habían sido donados a la empresa automotriz.
Pero resulta que el concepto de “derechos de preferencia” por el que se cobraron casi 72 millones de pesos no existe ni en la Ley de Hacienda del Estado ni en la Ley de Ingresos 2017 del Poder Ejecutivo. El notario público Eduardo Martínez Benavente declaró que hizo una búsqueda exhaustiva y no encontró fundamento legal que permita el cobro de un derecho con ese nombre.
Estaríamos entonces ante un suceso a todas luces ilegal que fue ejecutado por el gobierno del estado y que merecería una sanción de acuerdo a la ley. Y eso no es todo. Resulta que el secretario de Finanzas, José Luis Ugalde afirma que la dependencia a su cargo no hizo cobro alguno por ese concepto el cual, según reconoció, no existe en las leyes. ¿Por qué entonces el recibo expedido tiene el membrete de la Secretaría de Finanzas? ¿Qué explica que la Sedeco lo haya entregado como parte de la respuesta a una solicitud de información si el dinero no llegó a las arcas estatales? O bien, si no fue la Secretaría de Finanzas la que recibió el pago, ¿fue entonces la Secretaría de Desarrollo Económico la que lo ingresó? ¿Alguien se quedó indebidamente con esos fondos?
Ugalde Montes se dijo extrañado al conocer la información publicada por Astrolabio Diario Digital y señaló que tal vez el secretario de Desarrollo Económico, Gustavo Puente Orozco o el consejero jurídico, Daniel Pedroza Gaitán pudieran dar una explicación al respecto.
Lo cierto es que el recibo oficial expedido a nombre de Ford Motor Company S.A. de C.V. por la Secretaría de Finanzas existe y lo que ahora no se sabe es dónde están esos 71 millones 944 mil 800 pesos. Al menos el secretario de Finanzas afirma que él no los recibió.
El caso amerita que la Procuraduría de Justicia del Estado inicie una investigación a fondo para deslindar responsabilidades por el cobro ilegal de un derecho que no existe en la ley y por el presunto desvío de recursos públicos por casi 72 millones de pesos, a menos que el gobernador Juan Manuel Carreras, como cabeza del Poder Ejecutivo del estado, dé a la brevedad una explicación clara y convincente a la opinión pública de que no hay delito que perseguir.
Además está pendiente la publicación del convenio entre el gobierno del estado y la empresa Ford que los ciudadanos tienen derecho a conocer para saber exactamente cuáles fueron los términos en los que se pactó la indemnización.
