Por Victoriano Martínez
La desesperación que muestra el Grupo Valoran, a través de la empresa Infraestructura Potosina de Carreteras, S. de R.L. de C.V., por iniciar la construcción de la autopista a Matehuala aun sin las autorizaciones ambientales y el acuerdo con los Ejidos que pretende cruzar, ha llegado a lo insólito para la trayectoria de un grupo empresarial como ese.
El 5 de abril, en asamblea ejidal en El Peyote les rechazaron la oferta de compra de 29 hectáreas a un precio de 40 pesos por metro cuadrado, que calificaron como “pago miserable” y les exigieron la presentación del proyecto y las autorizaciones federales relacionadas con la protección al medio ambiente y posible afectación de un Área Natural Protegida (ANP).
Los abogados de la empresa se comprometieron a presentar toda la documentación en un mes, que está por cumplirse, y a llevar una nueva oferta sobre el precio del metro cuadrado.
Ayer domingo, la historia se repitió en la asamblea ejidal de La Tapona, aunque en este caso ni siquiera se agotaron los puntos del orden del día y los ejidatarios simplemente descartaron la aportación de sus tierras (103 hectáreas) y dieron por terminada la reunión.
Una asamblea que estuvo precedida por un agravio a la comunidad: el inicio del desmonte de su territorio con afectación a más de 100 especies de cactáceas sin las debidas autorizaciones ambientales y, lo mas delicado para los ejidatarios, sin permiso de su asamblea para que intervinieran en sus tierras.
“Yo no di permiso, yo no agarre dinero para que puedan entrar”, fue la reacción del comisariado ejidal ante el reclamo del Comité de Lucha de ejidatarios que rechazan la venta de sus tierras para la autopista.
“Estamos explorando, no pasa nada, si se destruye alguna cactácea, pues ya vemos cómo se las reponemos, igual les hacemos unos caminos. Ahorita no tenemos autorización para trabajar, eso lo tramitaremos ya que lleguemos a un acuerdo”, les explicó la abogada de la empresa, en lo que resultó ser una aceptación de que la empresa fue la que provocó los daños.
Un antecedente que generó un ambiente poco propicio para lograr los acuerdos pretendidos por los representantes de la empresa a tal grado, que incluso la gente con la que contaban para aprobar las autorizaciones de la asamblea para los fines del proyecto ya no estuvo de acuerdo.
Por si ese antecedente fuera insuficiente, a pesar de la reacción que encontraron en el Ejido El Peyote, los representantes de la empresa plantearon la misma oferta: comprarles el metro cuadrado a 40 pesos, el “pago miserable”. Ante el rechazo, mejoraron la oferta. A 47 pesos.
El rechazo se mantuvo y, cual regateo de mercado, la abogada del grupo cantó que les habían autorizado a 60 pesos por metro cuadrado. La abogada que encabezó al grupo representante de la empresa evadió presentar el avalúo de las tierras en la asamblea.
Después del rechazo de las tres ofertas, los ejidatarios rechazaron aceptar la ocupación de la tierra y cerraron la asamblea. A diferencia de lo ocurrido en El Peyote, en La Tapona los ejidatarios no dieron plazo para que se presentaran los permisos ambientales y demás, ni para que se les planteara una nueva oferta.
No obstante, los abogados de la empresa se apresuraron a redactar un acta, con la complicidad del notario público presente, en la que asentaron un presunto acuerdo de no concluir la asamblea y continuarla en una fecha posterior.
Un documento que resulta carente de validez por no haber sido levantado por la secretaría del Comisariado, además de incluir un acuerdo que no existió y pretender una nueva asamblea, cuando tendría que agotarse el procedimiento de una primera convocatoria. Una maniobra en la que el visitador de la Procuraduría Agraria tampoco fue tomado en cuenta.
El Peyote y La Tapona ya son dos ejidos que han rechazado el trazo de la autopista a Matehuala por las mismas razones: que primero se justifique que no habrá daños al medio ambiente y que se les oferte un precio justo por sus tierras y aceptado por los ejidatarios.
Dos rechazos ante los que la empresa ha recurrido a medidas tan inverosímiles como iniciar el desmonte en territorio ejidal sin autorización.
La abogada describió la autopista como un proyecto de gobierno del Estado, la Junta Estatal de Caminos e Infraestructura Potosina de Carreteras, S. de R.L. de C.V., lo que hace pensar a los ejidatarios que la invasión y daño a su territorio se dio con el aval, o hasta la instrucción, del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Una urgencia por iniciar la carretera que hace sospechar sobre los alcances del proyecto si se toma en cuenta que en la misma región coincidentemente se activan el proyecto de una cementera como presunta fachada de una explotación minera en Corcovada, un campo eólico y algunas otras exploraciones mineras.
¿Por qué se ha vuelto tan atractiva la zona altiplano del Estado como para atraer la inversión de Ricardo Salinas Pliego? ¿Para quiénes más resulta tan atractiva esa región?
