Por Victoriano Martínez
¿Cuál es el tan valioso atractivo para que grandes, muy grandes, inversionistas pretendan con urgencia apropiarse de territorio ejidal en la ruta de San Luis Potosí a Matehuala, en torno a la carretera 57, al grado de incurrir en pifias, simulación de trámites, maniobras legaloides e invasiones y daño en propiedad ajena para lograrlo?
En los ejidos La Tapona y El Peyote esa urgencia ya provocó daños a más de 100 especies protegidas por trabajos de desmonte y exploraciones no autorizados que van más allá de los necesarios para la construcción de la carretera por parte de la empresa Infraestructura Potosina de Carreteras, del Grupo Valoran.
Una situación de agresiones a la integridad de los ejidos y a la dignidad de los ejidatarios que el pasado sábado provocó que, en El Peyote, el rechazo contundente a la aportación de sus tierras para el último tramo de la autopista de cuota a Matehuala, que podría tener un efecto dominó entre los ejidos por los que esa vía pasaría.
Entre las razones por las que los ejidatarios de El Peyote rechazaron la oferta de compra de 29 hectáreas no sólo está un precio por ellos considerado como “pago miserable”, sino también el incumplimiento de cubrir las autorizaciones necesarias, incluida la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que la empresa afirmó tener y ni siquiera ha tramitado.
En el caso del Ejido Corcovada, que ayer suspendió la asamblea en primera convocatoria para aprobar la “enajenación” de 426-76-74.953 hectáreas de las tierras de uso común, aunque sí existe propuesta de MIA, el documento presenta pifias como información copiada, derogada y errónea y ocultamiento de datos, que provocaron la suspensión de su trámite.
Una de las inconsistencias más notorias tiene que ver con la intención de adquirir más de 426 hectáreas cuando la MIA señala que el proyecto que pretenden desarrollar requiere de apenas 92 hectáreas. ¿Para qué necesita la empresa CEMAT Construction las 434 hectáreas adicionales?
Una diferencia que abre la sospecha sobre otro tipo de explotación del territorio ejidal, especialmente cuando los ejidatarios fueron excluidos de los trabajos de exploración y detectaron, en muestras a las que de manera fortuita tuvieron acceso, un posible hallazgo de oro, plata y mercurio. Hasta de litio se ha llegado a hablar.
La mención de Ricardo Salinas Pliego como uno de los principales inversionistas y la movilización de actores políticos en el impulso para que los ejidatarios aprueben la mal planteada enajenación abre la posibilidad de que en el proyecto están involucrados más inversionistas de altos vuelos.
Tan solo la semana pasada, a unos días de la asamblea que se programó para ayer domingo, la movilización de personas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), encabezados por dos ex presidentes municipales, en la recaudación de firmas de apoyo al proyecto acompañada de la promesa de que saldrían de la reunión con su respectivo cheque, amplía el espectro de los actores interesaros en forzar el despojo de las tierras ejidales.
La asamblea de este domingo no se realizó, pero sí permitió exhibir el interés del gobierno estatal por que avance el proyecto al desplegar tal fuerza pública, que en los alrededores pudo haber más policías que ejidatarios. ¿Quién pidió la fuerza pública?
Sólo lo podrían haber hecho las autoridades ejidales y no la empresa, por lo que resulta relevante que la Secretaría de Seguridad y Protección Civil exhiba el documento que le envió el comisariado (si existe).
Con relación al valioso atractivo de esa zona del Estado aparece un proyecto del que hasta ahora poco se ha hablado. Entre los ejidos Corcovada, Ventura y La Tinaja se ubica un proyecto de parque eólico en más de 600 hectáreas que se suma al aprovechamiento de explotación de los recursos de los ejidos de esa región.
La asamblea nos se logró en primera convocatoria, por lo que fue reagendada en segunda convocatoria para el próximo 18 de mayo, periodo en el que la SEMARNAT puede desechar la MIA por deficiente, el Tribunal Agrario podría emitir resoluciones sobre juicios iniciados por ejidatarios contra el procedimiento de enajenación, y la Procuraduría Agraria Nacional definir su intervención ante irregularidades en la convocatoria.
