Texto: María Ruiz
Fotografías: Otra Oportunidad A.C.
Cuando una cruza las puertas del refugio de mujeres Otra Oportunidad A.C., no parece estar entrando a un lugar de emergencia. No. La calidez de los muros, las aulas llenas de dibujos, los niños y niñas que esperan entre juegos y las sonrisas que empiezan a despuntar donde antes sólo había miedo, le dan a este espacio la sensación de hogar, de sobrecogimiento.
Uno donde una familia entera de psicólogas, abogadas, médicas, enfermeras, cocineras, cuidadoras, maestras y trabajadoras sociales, está siempre lista, no sólo para contener y acompañar, sino para sanar heridas que muchas veces vienen de toda una vida sin conocer el amor cálido y sincero.
Durante 25 años, Otra Oportunidad ha sido el lugar seguro para miles de mujeres e infancias que han huido de la violencia que destroza cuerpos, familias y generaciones.
Pero hoy, este refugio está en peligro tras las dilaciones que ha causado migrar la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), hacia la nueva Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal.
Anteriormente la Conavim se hacía cargo de los Lineamientos de operación del programa Apoyo a refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos, en donde Elizabeth año con año participa con su proyecto y así ser beneficiarias del recurso que incide y cambia la vida de miles de mujeres potosinas.
Elizabeth Rapp Saint Martin, directora del refugio, explica la gravedad del momento con una serenidad que sobrepasa a cualquiera que la observa.
“¿Qué nos pasó? A lo largo de los sexenios hemos estado en medio de muchas transiciones. Hoy día, la CONAVIM contempló dentro de la migración institucional que comprendió la instalación de la Secretaría de las Mujeres. Esa transición ocasionó que todo se fuera dilatando… el proyecto de recursos, el cual solo nos lo aceptaron para ejercer a lo largo de ocho meses, en donde llevamos cuatro sin que se resuelva las condiciones de este programa presupuestario”.
Mientras habla, los pasillos del refugio siguen vivos. Hay 119 familias que han vivido aquí solo en lo que va del año. No es una cifra fugaz, pues ella explica que algunas mujeres, junto a sus hijos e hijas, permanecen en el lugar en lo que reconstruyen su vida desde las ruinas. Cada historia requiere atención especializada, médica, psicológica, legal, educativa y humana.
“Aquí hay mujeres de todos los municipios del estado, pero también migrantes: ucranianas, africanas, hondureñas, guatemaltecas, colombianas, salvadoreñas… víctimas de delitos aquí en San Luis Potosí, y todas tienen derecho a protección. Este refugio salva vidas y la magnitud de esas palabras no tienen precio”.
Sin embargo, ahora que el refugio opera en medio de la incertidumbre sobre lo que pasará con los recursos de la partida presupuestal del ejercicio fiscal 2025, el personal —capacitadas todas, certificadas en atención de primer contacto y protocolos especializados— lleva meses sin recibir pago, y no porque falte compromiso, sino porque la transición federal ha dejado al programa en un limbo.
“Nosotros entendemos que las transiciones son difíciles, pero aquí hay vidas que necesitan apoyo todos los días: para comer, para medicamentos, para ropa, para atención de todos los tipos. No puedo cerrar las puertas, pero sin personal, ¿quién atiende? No puedo operar un lugar así con voluntariado. Esto no es cuando se pueda o cuando se quiera, es un trabajo intenso y especializado que no cualquiera puede hacer”.
Elizabeth cuenta que, ante este retraso del proceso de entrega de recursos, llevaron nuevamente los documentos requeridos a la nueva Secretaría, para ver si con ello se puede acelerar la respuesta del Gobierno Federal, pero aún no hay resolución.
Mientras, las cifras no esperan. Otra oportunidad tiene sus datos muy claros, pues señalaron que solo los primeros meses del año ya se registraron 2 mil 471 carpetas de investigación por violencia familiar en San Luis Potosí, 176 por abuso sexual, 83 por acoso y otras tantas por incumplimiento de obligaciones.
“Las cifras han aumentado. A comparación del año pasado, en este primer cuatrimestre ya llevamos muchas más jóvenes, mujeres, niñas y adolescentes que traen agresiones y violencias muy graves. Que las traen aquí y solicita atención que damos es integral, hasta que se logre la restitución de su plan de vida, todo coordinado con la con PPNNA. No es cualquier cosa”.
Ante la pregunta de qué sigue, Elizabeth responde que “el paso a seguir es pedir auxilio, pedir ayuda. Vamos a voltear a ver al Gobierno del Estado y al municipio, porque por ley tienen la obligación de sostener estos refugios. No podemos seguir en la simulación de que el tema de mujeres es prioridad mientras estos espacios están al borde del cierre”.
Su llamado no es solo por recursos; es por vidas. Por las niñas que aquí aprenden, que aquí ríen, corren y juegan; por las madres que redescubren y entienden que merecen un hogar sin golpes ni insultos; por las adolescentes que, luego de sobrevivir violencias extremas, logran decir en voz alta “yo valgo.”
“Hay que recordar que hemos transitado ya muchas veces: de la Secretaría de Salud, al Indesol, de ahí a Gobernación y ahora a la Secretaría de las Mujeres. Sí ha sido muy difícil. Yo sé que las transiciones son complicadas, pero tenemos vidas aquí que necesitan conocer otra forma de vida, no como la que han conocido. Eso es lo que está en juego”.
El refugio Otra Oportunidad no es sólo un espacio físico. Es una trinchera contra la violencia feminicida.
Elizabeth sabe que Otra Oportunidad es un lugar valioso, porque dentro de sus paredes empieza algo distinto, son testigos de cómo una pequeña que empieza a dar sus primeros pasos lo hace lejos de los golpes y los gritos, con su mamá cerca; poco a poco, sin miedo, en donde ambas empiezan de nuevo.
