Estela Ambriz Delgado
Integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas informaron que a solicitud de diversas comunidades tének y náhuatl, se han interpuesto ya 19 amparos, y esperan sumar más en los próximos días, en contra del recorte de sus presupuestos provenientes del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social (FAIS), que deberán ser administrados directamente por las mismas.
Las consejeras Angelina Reyes Hernández y Hermelinda Vásquez Bautista, representantes nahuas, así como Cenorina Bernal Fernández, Rafael Reyes Martínez y Marcos Alejo Torres, representantes tének, informaron que en respuesta a la necesidad de las comunidades de la Huasteca Potosina, y en conjunto con las autoridades civiles y agrarias de cada una de las que tienen interés en defender sus derechos constitucionales, han interpuesto ya 19 amparos.
En los mismos se señala a la Secretaría del Bienestar y al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) como autoridades responsables de la violación de sus derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política y en tratados internacionales, debido a la reducción presupuestal del FAIS, posterior a que se publicara el monto autorizado en el decreto publicado el 13 de marzo de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
“Denunciamos que nos afecta la omisión y acción de dichas instituciones que, sin mediar nuestra participación, consideración y consulta, estamos siendo objeto de una injusta reducción presupuestal del monto autorizado inicialmente, mediante el decreto del 13 de marzo y que de manera irregular se pretende modificar, cuando por nuestra condición indígena, deberíamos ser consultados sobre la medida administrativas que adoptó, pues esta causa afectaciones e impactos significativos en nuestra vida y entorno”.
Las y los consejeros manifiestan que para las comunidades, el argumento al que recurren las autoridades de Bienestar e INPI de que no hay una reducción sino una “redistribución” presupuestal, derivada de haber incluido a más comunidades que no fueron consideradas inicialmente en la cobertura de atención del FAIS, es sólo una forma de justificar su omisión al no considerar en los lineamientos a las comunidades del Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas, y Afromexicanas, expedido el 9 de agosto de 2024.
Este catálogo permite identificar a las comunidades indígenas y afromexicanas con base en sus principales instituciones políticas, jurídicas, territoriales, económicas, sociales y culturales, en tanto sujetos de derecho público con personalidad jurídica; a fin de garantizar el ejercicio de su libre determinación y autonomía.
Sin embargo, el error de ambas instituciones fue mayúsculo, pues incluyeron en la cobertura del FAIS a otras comunidades que no son indígenas, y a quien pasan la factura injustificadamente es al presupuesto dirigido a comunidades indígenas que representa el 10 por ciento del fondo, y en cambio a los municipios, que tienen el 79 por ciento del presupuesto, los dejan sin ninguna afectación.
Al respecto, las y los consejeros destacaron la incongruencia de que se pregone su reciente reconocimiento como sujetos de derecho público en el artículo 2 de la Constitución, cuando esto no se materializa en los hechos.
“Cuestionamos enfáticamente a la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; al delegado de los Programas para el Bienestar en San Luis Potosí, el C. Guillermo Morales López; al director general del INPI, Adelfo Regino Montes; y al titular de la oficina de representación en el estado, Mario Alberto Godoy Ramos, el cual también en especial, hemos demandado de ocupar indebidamente el cargo; por ir en contrasentido de lo que ha expresado la presidenta de la república Claudia Sheinbaum Pardo, de proteger y garantizar nuestros derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas”.
Hasta el día de hoy se han interpuesto 19 recursos interpuestos ante los Juzgados Quinto y Séptimo de Distrito. Esperan que dicha cantidad sume otra semejante en los próximos días, derivado de las constantes omisiones y violaciones que se cometen en las asambleas comunitarias que se llevan a cabo al sur de la Huasteca Potosina para designar los comités de administración y vigilancia del FAIS.
