Video | Denuncian manipulación en asamblea para decidir sobre nueva carretera a Matehuala

Estela Ambriz Delgado

Ejidatarios de La Tapona, municipio de Villa Hidalgo, denunciaron ante la Procuraduría Agraria que hubo manipulación de la empresa Infraestructura Potosina de Carreteras en la asamblea irregular llevada a cabo el pasado domingo 11 de mayo, en la que se aprobó la ocupación previa de tierras de uso común para la construcción del proyecto carretero Entronque 75 D Matehuala, con el aval de uno de los representantes de la dependencia.

El día de ayer los ejidatarios se reunieron en las oficinas de la dependencia con el representante local, Álvaro Pineda Maldonado, y el subdirector jurídico, César Ortega, para entregar un documento y explicar las peticiones planteadas, además de cuestionar el actuar de uno de sus representantes, Felipe Flores Raya, quien avaló la asamblea pese a la negativa que se manifestó en la celebrada el 27 de abril.

Los ejidatarios informaron que la mesa del comisariado ejidal fue presionada ante la presencia de personal de la Procuraduría para emitir una ulterior convocatoria que, de acuerdo con la Ley Agraria, se emite luego de que en una primera o segunda no se cumpla con el quórum requerido.

No obstante, en este caso no fue así porque el comisariado debió emitir una primera convocatoria y la empresa ligada a Mexicana de Técnicos en Autopistas (META) tuvo que haber mejorar las condiciones del trato; en lugar de eso, presionaron para imponer una negociación que no rebasó los 60 pesos el metro cuadrado de más de 103 hectáreas.

Tras la imposibilidad de llegar a un acuerdo favorecedor para las empresas el 27 de abril, de manera totalmente irregular el personal redactó un acta hechiza junto con un notario de apellido Guajardo en la que pusieron que la asamblea se había suspendido, pero que las negociaciones continuarían el 11 de mayo.

Exigen que la PA tome cartas en el asunto y exhiba documentos

Al respecto, a través de José de Jesús Rivera Alvarado, se solicita a la PA copia del oficio mediante el que fueron invitados a la asamblea, copia del informe rendido por el representante que asistió el 27 de abril respecto a su instalación y desarrollo, puesto que en ese momento fue confrontado por los ejidatarios, e inclusive fue algo que quedó registrado en un video que se proporcionó a Astrolabio.

De igual forma, se exige la entrega de documentos que no fueron exhibidos el domingo 11 de mayo, que fueron el contrato de ocupación previa enunciado en el punto nueve del orden día, a suscribir entre el ejido y la Junta Estatal de Caminos, por la ocupación previa de la superficie para la construcción de la carretera de 118 kilómetros de longitud, así como un contrato adicional, una especie de modelo de ampliación del primero, enunciado en el punto 14.

“Explicación, y en su caso, autorización de la asamblea de Ejidatarios para que el Comisariado Ejidal suscriba con la Junta Estatal de Caminos, cualquier otro convenio de ocupación previa de tierra de uso común adicional a la que se logre autorizar, bajo los mismos términos del convenio aprobado, y al que de manera igual resulten aplicables, en los mismos términos, los acuerdos que de adopten respecto a las cantidades, acta de entrega-recepción de la posesión, procedimientos de expropiación, y la tramitación del cambio de uso de suelo en terrenos forestales ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales”.

Además, los ejidatarios indicaron que varios de ellos tomaron la decisión de amparar sus parcelas como es el caos de Rivera Alvarado, quien ya obtuvo una suspensión del Juez Segundo de Distrito en el amparo 506/2025 para afectos de que la empresa no pueda pasar por encima de sus tierras, pues no está dispuesto a ceder ni entregar su parcela “por una miseria”.

En este caso, respecto a la irrupción de maquinaria y empleados de la empresa para realizar trabajos de exploración, lo que causó daños en la vegetación del sitio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ya informó que no hay permisos de desmonte ni perforaciones, por lo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) iniciará el procedimiento que corresponda.

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