Estela Ambriz Delgado
La presidenta de la República, Claudia Sheimbaum Pardo, aseguró que en el caso del proyecto extractivista en el ejido Corcovada, para el que ya se pretende aprobar en asamblea la enajenación de más de 426 hectáreas, no cuenta con autorizaciones estatales ni federales en materia ambiental, por lo que la Procuraduría Agraria revisará las condiciones en que se lleve a cabo.
Este viernes durante la conferencia matutina de la mandataria, el periodista Julio Hernández López planteó un par de temas en materia ambiental y pidió su opinión sobre los mismos, entre estos el del ejido Corcovada en el municipio de Villa Hidalgo, donde existe la posibilidad de realizar explotación minera mediante el proceso de tajo a cielo abierto, aunque en la solicitud de Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) presentada ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se habla de un banco de materiales para construcción.
Asimismo, indicó a la presidenta que, para llevar a cabo el proyecto, ya se tiene programada para este domingo 18 de marzo una asamblea ejidal en la que se votará la enajenación de 426-76-74.953 hectáreas de las tierras de uso común, de la cual pobladores que se oponen ya han solicitado su cancelación ante las autoridades locales y federales de la Procuraduría Agraria, así como del Tribunal Agrario.
En respuesta, Sheimbaum Pardo manifestó que es importante que se sepa cuál es la normatividad, pues en el caso de minas de materiales pétreos, es decir, no ferrosos, las autorizaciones ambientales son de los estados, y en el caso de minas de oro, plata o cobre, la MIA tiene que ser autorizada por la Semarnat.
Sobre el tema del proyecto en Corcovada la presidenta añadió que se instruirá a la titular de la Semarnat para que entre en contacto con el Gobierno del Estado, y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para que se acerque a los ejidatarios de la zona.
En este sentido ratificó que no hay autorización del estado ni de la federación en términos ambientales, y respecto a lo que se suscitará este fin de semana, aseguró que se trata de una asamblea ejidal de la que está pendiente el procurador agrario Víctor Suárez Carrera para ver en qué condiciones está.
Además apuntó que es necesario se realice el estudio de impacto ambiental adecuado, para ver se le da autorización o no, por lo que instruirá a la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, para que entre en contacto con el Gobierno del Estado, y a la titular de la Sedatu, Edna Vega, que se reúnan con los ejidatarios y se revise el proyecto para ver el impacto ambiental que presuntamente pueda tener, además de que se analice tanto a nivel estatal como a nivel federal.
El periodista enfatizó en la importancia de que el gobierno atienda estas problemáticas ambientales causadas por empresas e industria extractivista, pues no se necesita una represión del estado contra líderes de comunidades o contra movimientos de defensa, porque una especia de paramilitarismo con grupos del crimen organizado que lleva a represión, asesinatos, desaparición de líderes en diferentes partes del país.
De igual forma, aseveró que mientras la impunidad siga presente, se promueve la apertura de industrias bajo la idea de la creación de empleos, aunque esto implique permitir graves daños al medio ambiente.
