Estela Ambriz Delgado
Integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y autoridades indígenas de diversas comunidades en la Huasteca Potosina denunciaron que existe un atraso en la constitución de los comités de administración y vigilancia, debido al incumplimiento de plazos de la Secretaría del Bienestar, lo que ocasionará el retraso de las ministraciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), para ser administrado por las comunidades, y se suma al hecho de que no hay claridad en cómo se comprobará el ejercicio de los recursos.
Este 15 de mayo los consejeros y autoridades indígenas expresaron de nueva cuenta que Bienestar y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), —que dan muestra de que el trabajo preoperativo del FAIS se ha desarrollado de manera desaseada y desordenada—han ignorado la personalidad jurídica de las comunidades como sujetos de derecho público.
Además de que han buscado imponer sus protocolos oficiales para convocar, sesionar y elegir de manera libre a sus comités, por encima de los usos y costumbres, así como que han buscado imponer a personas afines a sus intereses partidarios al politizar los trabajos preoperativos, cuando los lineamientos lo prohíben expresamente.
De igual manera, se indicó que ambas instituciones han sido opacas y arrogantes en proporcionar información parcial y distorsionada sobre el presupuesto autorizado a cada comunidad indígena, pues el 13 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto en el que se emiten los lineamientos del componente indígena del FAIS, autorizando un monto de recursos y el 15 de abril se emite otro acuerdo que modifica la fórmula de distribución presupuestal, que disminuye la cantidad asignada de todas las comunidades.
“Estos cambios se originaron por las omisiones y deficiencias de la Secretaria de Bienestar y del INPI, pues no consideraron al total de las comunidades indígenas y ante la protesta nacional, determinaron incluirlas provocando una disminución presupuestal en cada comunidad, pero no incrementaron el monto presupuestal global y mucho menos redujeron el presupuesto municipal. No tramitaron una ampliación, sino decidieron cobrarnos a nosotros sus ineficiencias”.
Los consejeros y autoridades indígenas exponen que dicha cuestión no es menor, pues resulta ser un acto confuso en la legalidad para las comunidades, siendo que los dos decretos subsisten como lineamientos para el mismo programa, y son contradictorios, dado que en el primero se les beneficie y en el segundo se les afecte, sin que Bienestar o INPI les consulte o considere antes de alguna aplicar unilateralmente la reducción presupuestal.
Por otra parte, señalaron que desde abril debió haber llegado la primera ministración del FAIS para ser administrado por las comunidades indígenas y afromexicanas, pero para el caso del estado no se ha concretado, porque Bienestar e INPI han incumplido los plazos para testimoniar la constitución de los comités de administración y vigilancia.
Estimaron que el proceso podría concluir el 30 de mayo, lo que implicaría que el recurso llegue en el mes de junio, y de conformidad a los lineamientos el término para ejercerlo culmina en el mes de noviembre, es decir, que lo que iban a ser ocho meses para aplicar los recursos, se convertirán en sólo seis.
“Este atraso va en nuestro perjuicio, incrementando los riesgos de ejecución y de comprobación de los recursos en tiempo y forma, pareciera que la Secretaria de Bienestar e INPI buscan que fracasemos y en un futuro no podamos acceder a nuevos presupuestos”.
En este sentido agregaron que no se tiene claridad en la forma en que las comunidades van a comprobar los recursos federales, pues no hay capacitación ni información documentada al respecto.
“Solo palabras vacías en reuniones donde los presidentes municipales meten su cuchara en donde no deben y la Secretaria de Bienestar y del INPI permisivamente les dan alas violentando los propios lineamientos que publicaron”.
Ante la preocupación que recientemente se manifestó en el Congreso del Estado sobre las omisiones, inconsistencias y deficiencias sobre el ejercicio del FAIS, consideraron que como representantes populares es necesario que se pronuncien e incidan, en el ámbito de sus atribuciones, en las instituciones federales para que respeten los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, corrijan su actitud y desempeño.
