Fernanda Durán
Con 18 votos a favor, nueve abstenciones y cero votos en contra, el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó la reforma al Código Penal del Estado que tipifica el “halconeo” como un delito, en una medida impulsada por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.
La propuesta fue aprobada sin cambios al texto original a pesar de las críticas de algunos legisladores, quienes señalaron que la reforma podría violar derechos humanos y carecer de un análisis técnico adecuado.
La reforma aprobada introduce el artículo 293 Quáter, que crea el nuevo Capítulo V del Código Penal bajo el título “Obstrucción de la Seguridad Pública y la Vigilancia Ilícita”. Este artículo tipifica como delito el halconeo, que se define como la vigilancia, seguimiento, obtención y comunicación ilícita de información operativa de los cuerpos de seguridad pública con fines delictivos.
Las conductas especificadas en el artículo incluyen actividades como el monitoreo físico o virtual de operativos, la manipulación de información operativa y la instalación de dispositivos tecnológicos no autorizados para la interceptación de comunicaciones.
El artículo 293 Quáter establece penas de prisión de cinco a 12 años y multas equivalentes a entre 500 y mil 200 días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Si las acciones de halconeo ponen en riesgo la vida de los integrantes de los cuerpos de seguridad pública o si involucran a menores de edad, las sanciones podrían incrementarse hasta un 50 por ciento.
Durante el proceso legislativo, la diputada Gabriela López Torres expresó su preocupación sobre la reforma ante la falta de un análisis técnico que podría derivar en violaciones a los derechos humanos
López Torres explicó que, aunque no está en contra de tipificar el delito de halconeo, la reforma debería haberse sustentado en opiniones técnicas que respaldaran su aplicación efectiva, especialmente por parte de la Fiscalía General del Estado.
La diputada, quien votó en abstención, añadió: “Aunque la iniciativa de este delito ya existe dentro del Código Penal, el dictamen no está sustentado en una opinión técnica. Como legisladores, nuestra interpretación de la ley no siempre coincide con la interpretación que la Fiscalía hace de ella, y considero que se deben robustecer las iniciativas con más opiniones técnicas y apegadas a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
López Torres también resaltó que la falta de tiempo para presentar reservas y la celeridad de enviar al Pleno la reforma en cuestión de días, dificultaron la posibilidad de hacer ajustes importantes al dictamen.
Una de las principales críticas a la reforma es su posible impacto sobre los derechos fundamentales, especialmente la libertad de expresión y el derecho a la información.
Aunque el dictamen establece que las actividades legítimas realizadas en el ejercicio de los derechos humanos, la libertad de prensa, el acceso a la información y la vigilancia ciudadana quedan excluidas de este tipo penal, las y los diputados temen que la legislación pueda ser malinterpretada o utilizada para restringir derechos civiles bajo el pretexto de seguridad.
Consecuencias de la votación y desdén en el Congreso
Durante la misma sesión plenaria, la diputada Nancy Jeanine García Martínez presentó un exhorto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que actualice sus planes y estrategias de seguridad, alineándolos con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030.
La medida busca adaptar los programas de seguridad a la realidad delictiva del estado, utilizando inteligencia policial y tecnología.
Durante la presentación del exhorto, los diputados del PT y el PVEM se ausentaron del recinto, lo que generó tensión en el Pleno. La diputada Gabriela López Torres solicitó la verificación de quórum en la sesión, lo que llevó a una recontada de los presentes.
Aunque los diputados del PT y el PVEM regresaron temporalmente, posteriormente abandonaron nuevamente el Pleno.
López Torres expresó su descontento por el desdén mostrado por estas bancadas al interpretar su actitud como una falta de respeto hacia el proceso legislativo.
La legisladora señaló la importancia de mantener el quórum y escuchar todas las posturas, especialmente en temas tan relevantes.
“Pedí una verificación de quorum fue por esa razón; desconozco por qué se fueron los compañeros. Sin embargo, es una falta de respeto y toda mi solidaridad siempre con mi compañera (…). Es muy diferente a lo mejor salir al baño a tomar líquido, todos lo podemos hacer, pero considero que sí debe haber especial atención en que no seamos todos al mismo tiempo, precisamente para que no haya estas malas interpretaciones”.
