Por Victoriano Martínez
Sin permiso de la asamblea ejidal y sin autorización de las dependencias encargadas de la protección al medio ambiente, las empresas CEMAT Contruction e Inkazteca Drilling removieron flora, realizaron decenas de barrenaciones, abrieron zanjas y provocaron un sin fin de impactos ambientales en el Ejido Corcovada para iniciar un proyecto extractivista.
No se trató de una omisión ingenua o por ignorancia que repercute en violaciones a la normatividad agraria y ambiental, sino de la forma acostumbrada de operar por parte de ese tipo de grupos empresariales depredadores acostumbrados a imponer sus condiciones para lograr grandes negocios con utilidades desproporcionadas.
Una forma de operar que incluye alguna red de complicidad con determinadas autoridades que, por omisión (dejar hacer, dejar pasar) o abiertamente por acción (justificar las acciones con los mismos argumentos que esos empresarios), les permite actuar como si tuvieran derecho a hacer lo que les venga en gana, incluido el despojo territorial en los ejidos.
Los efectos de las denuncias de un grupo de ejidatarios de Corcovada, tanto sobre las maniobras ilegales para la enajenación de 426 hectáreas como sobre los daños provocados con trabajos de exploración, fueron inesperados para los magnates depredadores del medio ambiente.
“Se frenó el despojo ejidal en #Corcovada, #SLP”, tuiteó la Procuraduría Agraria Nacional para señalar que esa fue la respuesta a las denuncias de un grupo de ejidatarios, que se manifestó con su participación en la asamblea ejidal del pasado domingo.
“Nuestra presencia jurídica y técnica, en acompañamiento con @SEDATU_mx, impidió cualquier votación ilegal y garantizó el respeto a los derechos de las y los ejidatarios”, agregó. “Ahora acompañamos la construcción de una alternativa colectiva de uso productivo y ambiental, que proteja el territorio y fortalezca el bienestar comunitario”.
Grandes letreros rojos de “Clausurado” con los logotipos de la SEMARNAT y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) colocados sobre las barrenaciones, zanjas y desmontes ilegales realizados por las empresas CEMAT Contruction e Inkazteca Drilling dieron este lunes cuenta de la respuesta de las autoridades ambientales ante la depredación ecológica denunciada.
Legalmente, las autoridades federales ya establecieron la imposibilidad de la enajenación de las 426 hectáreas y hasta la consideraron como un intento de despojo.
Ambientalmente, la PROFEPA certificó y clausuró los trabajos de las empresas y quedó abierta la calificación de los daños provocados como posibles delitos ecológicos, sin dejar de lado que los daños se provocaron en propiedad ajena que daría pie a considerar otro tipo de delitos.
Dos frenos para el proyecto depredador de las empresas a las que se ubica como parte del conglomerado encabezado por Ricardo Salinas Pliego que se ven difíciles de sortear en tanto que los descalifica de fondo, pero que seguramente buscarán alternativas para continuarlo.
Y es que no sólo es el proyecto de una cementera en esa zona. La construcción de la autopista de cuota a Matehuala sigue pasos similares den varios ejidos del trayecto, se habla de la posibilidad de una explotación minera de oro, plata, mercurio y hasta litio, además de un parque eólico.
Tampoco se trata de la presencia única de Salinas Pliego, sino que también están involucrados grupos como Valoran e Iberdrola y la empresa RWE Renewables México con un proyecto eólico pegado a Corcovada y que involucra territorio de Ventura y Joya Honda.
Los hechos de que la Procuraduría Agraria advierta un despojo de tierras por encima de la ley agraria y que la PROFEPA certifique daños ecológicos, ambos con alevosía, muestran que la empresa nunca tuvo la intención de desarrollar sus proyectos dentro de los márgenes legales y de protección ambiental.
Es muy probable que en una evaluación para determinar la viabilidad legal y ambiental del proyecto para decidir invertir o no, lo encontraron inviable por las dos vías, pero estimaron que podrían acceder a las potenciales y desproporcionadas utilidades si burlaban el marco legal y evadían la protección ambiental.
¿Hasta dónde estarán dispuestos a continuar por esa vía para contrarrestar los reveses que hoy les propinaron las autoridades agrarias y ambientales? Ya intentaron manipular una asamblea ejidal con apoyo de autoridades estatales y ya fueron capaces de invadir propiedades y provocar daños ecológicos. ¿Seguirán?
