Por Victoriano Martínez
Si algo ha exhibido el gobernador Ricardo Gallardo Cardona con su estrategia de responsabilizar a las autoridades municipales por la inseguridad, y en estos días en específico al ayuntamiento de San Luis Potosí tras un crimen de alto impacto, es que está muy lejos de ser el líder que el Estado requiere para combatir a la delincuencia.
Adicto a la promoción de imagen y la politiquería, muestra que poco le interesa garantizar la seguridad de la población porque por encima de eso está liberarse de responsabilidades ante crímenes atroces con pretensiones de proyectarse como muy eficiente en el tema, y de paso descalificar a otras autoridades que, si son de filiación política opuesta, con mayor razón.
El pasado 8 de enero, Gallardo Cardona presidió una reunión estatal de seguridad en la que quedó claro su interés por la parafernalia antes que por la atención a la población: ocho municipios cuyos alcaldes no asistieron a la reunión, se informó, perderán su participación en incentivos otorgados por el gobierno del estado.
Antes que una sanción para los alcaldes, esa exclusión por la omisión de sus autoridades a quien castiga es a su población y, de paso, representa un incumplimiento de la autoridad estatal para garantizar la seguridad de toda la población del estado. Así tan fuera de foco están las medidas gallardistas para garantizar la seguridad de la población.
“Batallamos mucho con el tema de la policía municipal, son temas 100 por ciento municipales (…) ellos tienen que estar más al pendiente”, señaló Gallardo Cardona tras el homicidio de la empresaria Sandra Revilla Olavarrieta, como si renegara de la necesaria coordinación entre los tres niveles de gobierno en materia de seguridad.
Una coordinación a la que convoca según le convenga a su proyección de imagen y politiquería, pero que con facilidad niega a la hora de asumir su parte de responsabilidad ante la incidencia de hechos criminales, cuya prevención y combate dependen de un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno.
Lo peor. Tal incongruencia la ha llevado, a través de sus serviles diputados, al uso de las instituciones para exhibir lo poco que le interesa la seguridad pública al anteponer sobre ella el ataque a sus adversarios políticos, por mucho que también tengan responsabilidad en el clima de inseguridad que se vive.
En la sesión del Congreso del Estado del martes pasado se presentaron dos puntos de acuerdo (a partir de la página 290) para realizar exhortos en materia de seguridad. El primero, presentado por la diputada María Aranzazu Puente Bustindui, dirigido al Ayuntamiento de la Capital. El segundo, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.
Para aprobar el primero no fue necesario ningún dato que expusiera la gravedad de la innegable inseguridad que se vive en la ciudad.
Bastó con generalidades del tipo “los hechos recientes nos revelan que las estrategias implementadas por el Ayuntamiento de la capital han sido insuficientes para contener y reducir los índices delictivos”, para que los diputados serviles de Gallardo Cardona lo aprobaran.
Se trataba, pues, de un servicio al gobernador para atacar a su adversario político y de paso proyectarlo como un servidor público más preocupado por la seguridad de la población y con mayor eficiencia, al grado de que al otro hay que llamarlo a coordinarse con él.
El otro punto de acuerdo, que aportó datos preocupantes como que la incidencia delictiva en el Estado “se concentra en delitos que afectan al patrimonio de las familias, como robo en todas sus modalidades, extorsión y fraude, con el 70.5% y solamente el 29.4% vulneran la integridad personal”, no mereció ni ser escuchado por los gallardistas.
Y es que seguro les resultó ofensivo que en el documento se revelaron datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública que revelan que “de enero a marzo de 2025, San Luis Potosí ocupa el lugar número once de las treinta y dos entidades federativas, con 15,263 delitos representando el 3.06% de la incidencia total nacional”. Es decir, el 11 más inseguro y no la presumida en falso posición 10 como más seguro.
El punto de acuerdo presentado por la diputada Nancy Jeanine García Martínez señala además que “la incidencia delictiva en San Luis Potosí del fuero común de febrero a marzo de 2025, tuvo un aumento de un 6.7%. En el caso de víctimas de homicidios dolosos incrementó un 7.7%”.
Fieles a su servilismo para con Gallardo Cardona, sus diputados difícilmente podrían votar por un punto de acuerdo en tales términos si ni siquiera consideraban prudente escuchar su exposición en Tribuna.
“Yo quiero comentar que hemos sido, hemos vivido más bien día con día –yo no se porqué se van los compañeros– hemos vivido día con día muchas de las causas por las que de manera personal, y también he estado cerca de mi equipo, hemos vivido la violencia como toda la población”.
Así quedó registrada en la sesión la intolerancia gallardista a la crítica, pero también a conocer la realidad sobre la seguridad pública que –igual que su mandamás– poco les interesa resolver porque ni siquiera la quieren conocer.
El punto de acuerdo que no mereció ser escuchado por la gallardía proponía, entre otras cosas, que se “actualice estos instrumentos a la realidad delictiva de la Entidad, que permita tener el mapa delictivo del Estado vigente y se pueda actuar con todas las capacidades institucionales con que se cuente”.
Si se niegan a conocer los primeros indicios de ese diagnóstico, ¿se puede esperar que efectivamente trabajen para combatir a la delincuencia? Una pregunta que involucra a Gallardo Cardona, quien regularmente cuestiona a los alcaldes, a quienes llega a considerar que “siguen dormidos”.
¿No será que en realidad lo que falta es un verdadero líder que los mantenga despiertos y atentos? No hay que perder de vista que uno de los exhortos del punto de acuerdo ignorado el martes tiene que ver con que “realice los ajustes pertinentes y oportunos a sus programas, acciones y estrategias. Estos deben empatarse con el esquema que se implementa a nivel federal, a fin de establecer mecanismos de coordinación, colaboración y apoyo con los distintos niveles de gobierno”.
¿Acaso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuenta con elementos para considerar que en materia de seguridad Gallardo Cardona “sigue dormido”? Por lo expuesto en el punto de acuerdo ignorado, sí.
