Fernanda Durán
Tras la manifestación de representantes de clínicas de rehabilitación y familiares de personas internadas en anexos, la diputada local Martha Patricia Aradillas Aradillas defendió la intención de su propuesta de reforma en materia de salud mental y adicciones, al asegurar que aún se encuentra en análisis y no ha sido dictaminada en comisiones.
La diputada explicó que hasta el momento ha presentado dos iniciativas para este sector, una de ellas —para regular las clínicas de rehabilitación—, aún necesita someterse a consulta.
No obstante, justificó la propuesta en que “en estas clínicas se han suscitado accidentes donde inclusive hay jóvenes que han perdido la vida por los tratos inhumanos que allí se les ha dado”.
La otra es una propuesta plantea reformar la Ley de Salud Mental, la Ley de Prevención y Control de Adicciones y el Código Penal del Estado para prohibir los internamientos involuntarios sin consentimiento o sin aval legal, además de establecer responsabilidades para autoridades municipales y estatales en la supervisión de estos centros.
“Estamos reglamentando y dando atribuciones a distintas autoridades. Esta última iniciativa tiene que ver con la Ley General de Salud, que prohíbe los internamientos involuntarios”, considerando esto como una problemática creciente.
La diputada adelantó que el próximo miércoles se sostendrá una reunión informativa con los dueños de clínicas de rehabilitación, a fin de aclarar los alcances de la propuesta y escuchar sus puntos de vista.
“Vamos a tener una plática con los dueños de las clínicas para que ellos conozcan realmente cuál es el fondo de estas iniciativas (…) están todavía en análisis, todavía no se dictaminan”, reiteró.
Afirmó que una de las preocupaciones centrales es garantizar que quienes requieran rehabilitación reciban atención adecuada y profesional, en instalaciones legalmente establecidas.
“Queremos que realmente sean rehabilitados, que se respeten sus derechos humanos y que sean atendidos por especialistas en la materia”, afirmó.
También reconoció que muchas clínicas operan sin permiso, incluso en zonas habitacionales o cerca de escuelas, lo que ha generado preocupación en vecinos.
“Estas iniciativas nacen de la preocupación de los ciudadanos. Las clínicas se ponen sin permiso alguno en las colonias, cerca de escuelas”.
La legisladora afirmó que en San Luis Potosí se han registrado casos de personas detenidas en vía pública y trasladadas a anexos sin conocimiento o consentimiento de sus familias.
“Son muchos los casos (…) hay familias que saben de esto, otras que no. Sí hay una preocupación, y por supuesto vamos a dar la información requerida tanto a los familiares como a los dueños de clínicas”, afirmó.
La reforma ha generado un amplio debate entre quienes exigen mayor regulación y quienes temen que la normativa limite el acceso a tratamientos urgentes. Aradillas insistió en que el objetivo es dar certidumbre jurídica y proteger la integridad de las personas internadas.
