Fernanda Durán
Durante la reunión informativa convocada por la diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas para exponer el contenido de su iniciativa en materia de salud mental y adicciones, familiares de personas con adicciones y representantes de centros de rehabilitación externaron sus preocupaciones sobre los efectos que la reforma podría tener, particularmente en la capacidad de las familias para internar a sus seres queridos sin consentimiento y en el posible cierre de espacios que operan con carencias, pero con compromiso.
La reunión fue organizada luego de que la semana pasada un grupo de ciudadanos y representantes de centros de rehabilitación se congregaron a las afueras del Congreso del Estado para manifestar su rechazo a una iniciativa de ley presentada por la diputada. La propuesta busca prohibir el internamiento involuntario en centros de rehabilitación.
Aunque desde el equipo legislativo se insistió en que la propuesta no criminaliza a los familiares ni prohíbe los tratamientos, los asistentes pidieron consultas reales, apoyo estatal, certificación de clínicas y capacitación para personal, en lugar de cargar con el peso legal de un sistema de salud deficiente.
El director de la comunidad terapéutica Vista Hermosa, Saúl Montenegro, pidió que el enfoque de la reforma se centre en atender dignamente a las personas con adicciones, y no en castigar a quienes operan centros de rehabilitación.
Señaló que se trata de un problema de salud pública que debe abordarse sin criminalizar a quienes buscan recuperarse.
Lamentó que, pese a existir normativas que obligan al Estado a capacitar a los centros, “eso no está sucediendo”, y urgió a que el gobierno deje de actuar desde la omisión y participe activamente en la formación y fortalecimiento de estos espacios.
Las voces más contundentes vinieron de madres y padres que enfrentan día a día el deterioro de sus familias por causa de las adicciones; una de ellas expresó que un adicto jamás aceptará “que lo lleves a un médico, menos sabiendo que lo vas a internar”.
“Su libertad la pierde él mismo al momento de consumir drogas y con ello arrastra a su familia. Físicamente, emocionalmente y materialmente nos destruyen”, agregó, al cuestionar que la ley exija un dictamen médico cuando el entorno de consumo suele impedir cualquier paso previo de diagnóstico.
Otra madre narró: “Soy maestra jubilada, tengo hijos profesionistas, pero hoy vivo amenazada por uno de ellos, adicto. Me dice que me va a refundir en la cárcel por violar su derecho. Yo le dije: ‘Hijo, vendiste muebles, dejaste a tu esposa e hijas. No tienes capacidad ni económica ni moral’. Y ahora resulta que ustedes [legisladores] les van a dar el arma para que nos disparen”.
Llamado urgente al gobierno: apoyar, no castigar
Los operadores de centros de rehabilitación insistieron en que no se oponen a la regulación ni a la supervisión, pero pidieron que las reformas no se diseñen sin su participación directa.
“No estamos en contra de la ley, pero tiene que hacerse de acuerdo a la realidad. El 90 por ciento de los centros pueden ser clausurados si los revisan, pero no por mala fe, sino por carencias estructurales. Queremos ser parte del Consejo Estatal contra las Adicciones y generar políticas públicas desde la experiencia real”, planteó Montenegro.
Asimismo, señalaron que en muchos casos los gobiernos locales e incluso dependencias estatales canalizan personas a estos centros sin acompañarlos de apoyos económicos o médicos, situación que pone en riesgo la integridad tanto de los usuarios como del personal.
“Si de verdad les preocupan los anexos, en vez de gastar en conciertos como el de Marilyn Manson, mejor repartan ese dinero para tener buenos psicólogos, medicamentos, camas, seguridad. Que se aplique el gobierno”, expresó otra madre.
Legisladora insiste: “no criminalizamos, buscamos dignidad”
Al cierre de la reunión, la diputada Martha Aradillas insistió en que su iniciativa no busca prohibir internamientos por parte de familiares, sino garantizar que se hagan con base en dictámenes médicos y sin tratos inhumanos, en línea con las reformas hechas a la Ley General de Salud en 2022.
“Se requiere el consentimiento expreso del usuario o de un representante legal, con prescripción médica. No se les quita ningún derecho. Al contrario, buscamos que tengan garantías y que los centros brinden tratamientos adecuados”, aseguró el equipo legislativo.
Finalmente, se anunció que se continuará con mesas de trabajo con dependencias, familias y clínicas para ajustar lo necesario en la propuesta.
“No se quiere cerrar ningún centro ni dejar a las familias solas. Se busca que nadie quede fuera y que los derechos humanos de todos sean respetados”, concluyeron.
