Estela Ambriz Delgado
Representantes náhuatl y tének del estado en el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), acudieron a la Ciudad de México para solicita la intervención de la coordinadora general del CNPI, Yaneth del Rosario Cruz Gómez, para que se les atienda respecto a su inconformidad por la imposición del representante estatal Mario Godoy Ramos, pues pone en riesgo la próxima consulta de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Las consejeras Angelina Reyes Hernández y Hermelinda Vásquez Bautista, representantes del pueblo nahua, así como Cenorina Bernal Fernández, Rafael Reyes Martínez y Marcos Alejo Torres, representantes tének en el estado, presentaron el pasado viernes 23 de mayo un escrito para solicitar la intervención en su favor, dado que el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Aldelfo Regino Montes, ha sido omiso a su petición de audiencia desde hace años.
En su petición expresan que la persona designada en la representación del INPI no cuenta con los mínimos requisitos, comenzando por el origen indígena, además de que no habla ninguna lengua, no es oriundo de la región ni tiene conocimiento y experiencia; denuncian que su único mérito es ser hermano de la consejera jurídica de la Presidencia de la República.
“Este conjunto de aspectos nos causa una afectación directa en el desarrollo integral de nuestros pueblos y comunidades, así como el no habernos considerado en lo más mínimo en tal determinación”.
Por ello, las representaciones indígenas han insistido en que el director general del INPI corrija y los reciba para resolver el tema, pues desde hace seis años piden audiencia y sistemáticamente se les ha negado, lo que los ha llevado a interponer el amparo 498/2025 contra la designación de Godoy Ramos, dado que su imposición es para ellos una usurpación de la identidad indígena.
Asimismo, los consejeros advierten que esta imposición pone en riesgo la siguiente consulta de la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, puesto que consideran que el funcionario no es sensible a su inclusión en este proceso ni les garantiza su participación.
