Fernanda Durán
Alberto Rojo Zavaleta, secretario técnico del Partido Revolucionario Institucional (PRI), criticó la abstención de algunos legisladores en la votación de la iniciativa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona sobre el “halconeo”, al sugerir que esto podría estar relacionado con intereses externos.
Rojo Zavaleta señaló que algunos legisladores podrían haber sido influenciados por “estímulos económicos” para votar en contra de la propuesta.
“Esto puede obedecer, sin que a mí me conste, pero puede obedecer a intereses de quienes están precisamente preocupados porque pueda desaparecer el halconeo, quieren que persista este fenómeno y entonces no dudo que esas intenciones hayan llegado a través de estímulos económicos a algunos legisladores”, indicó.
En relación con los tres diputados del PAN que se abstuvieron —Marcelino Rivera, Rubén Guajardo Barrera y Mireya Vancini Villanueva— Rojo Zavaleta manifestó que no le queda claro que estos tengan una ideología firme ya que tomaron una postura similar a los legisladores de Morena.
Al ser cuestionado sobre si esto respondía a una cercanía política entre el PAN y Morena en relación con el alcalde Enrique Galindo Ceballos para las elecciones de 2027, Rojo Zavaleta analizó la postura de Morena, ya que el partido siempre ha estado en busca del “mejor postor” y cómo en el pasado han postulado figuras de diversos sectores, independientemente de su ideología.
“Si hace cuatro años postularon a la secretaria de Salud, de priista, para para ser candidata gobernadora, me queda muy claro que no tiene muy identificada cuál es su ideología y cuál es su rumbo”.
El PRI también se sumó a las constantes críticas contra la seguridad en el municipio de la capital, por lo que hizo un enérgico llamado a la construcción de una estrategia eficiente y conjunta en materia de seguridad.
Rojo Zavaleta citó estadísticas, como la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que revela que “el 59.1 por ciento de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad”.
En el caso de San Luis Potosí, la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes llegó a 175.42, superando el promedio nacional de 127.58.
También defendió que la seguridad y la administración pública son inherentemente cuestiones políticas, pues “la política es la cosa pública. Todo lo que es público es político”. Al responder a las críticas de quienes acusan de politización del tema, subrayó que los asuntos de gobernar y administrar la ciudad deben ser discutidos en el ámbito político, ya que, según su definición, todo lo relacionado con la gestión pública es un tema político por autonomía.
