Desiree Madrid
La Fiscalía General del Estado (FGE) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de San Luis Potosí anunciaron el inicio de una investigación para identificar y localizar a la persona responsable de agredir físicamente a un menor, un incidente difundido en redes sociales que provocó una ola de indignación ciudadana.
El video en cuestión, que circula en plataformas digitales, exhibe una agresión física contra un menor de edad que se encuentra en una carreola; es empujado y sacudido en repetidas ocasiones por una mujer. Según las imágenes, los hechos ocurrieron en la Plaza del Carmen de la capital potosina.
El Sistema Estatal DIF informó haber activado sus protocolos desde las primeras horas de este jueves. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) del DIF Estatal está a cargo de estas diligencias.
Según el comunicado de la dependencia, se solicita información a instituciones de seguridad como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Guardia Civil Estatal y los sistemas C4 y C5, con el objetivo de confirmar si ya existía algún reporte previo o intervención oficial, debido a que los comentarios del video sugieren una posible intervención de las autoridades en el momento de los hechos.
Mientras tanto, personal de la PPNNA se trasladó al lugar de los presuntos acontecimientos para entrevistar a comerciantes, locatarios y cualquier persona que pueda aportar información.
El DIF Estatal solicitó la colaboración ciudadana para obtener más información, y que cualquier dato relevante se haga llegar a sus vías oficiales.
Por su parte la Fiscalía afirmó que ya aperturó una carpeta de investigación para dar con el paradero de la mujer y el menor de edad involucrados, para asegurar el bienestar del menor.
De igual forma se comunicó que será la Fiscalía Especializada en Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, quien trabaje en el asunto, misma que ya inició coordinación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como con más instancias de seguridad y procuración de justicia.
Aunque la difusión de estos videos visibiliza la violencia, el desafío para las autoridades es traducir esa visibilidad en protección real y oportuna para las víctimas, evitando que la burocracia ralentice una respuesta que la urgencia del caso demanda.
