María Ruiz
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí ha sido objeto de críticas tras guardar silencio ante la solicitud de promover una acción de inconstitucionalidad contra la llamada “Ley de Halconeo”, una norma cuestionada por su presunta violación a derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información.
Para la defensora de derechos humanos y maestra en políticas públicas Catalina Torres Cuevas, la falta de acción del organismo no solo es preocupante, sino que confirma una tendencia institucional a priorizar lo superficial sobre lo sustancial
“La Comisión puede reunirse con otras autoridades, conmemorar fechas, dar muchas capacitaciones, pero si no hacen lo realmente sustantivo, se convierten en una dependencia más del gobierno”, señaló.
La crítica de Torres Cuevas se da justo cuando la CEDH, a través de sus redes oficiales, publicó mensajes alusivos al Día Mundial de las Personas Refugiadas, al tiempo que ignora una petición concreta para defender derechos amenazados en su propio estado.
Desde hace más de 20 días, el abogado y activista Luis González Lozano solicitó formalmente que la CEDH interponga una acción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la “Ley de Halconeo”. Hasta el momento, no ha habido respuesta y el plazo legal para hacerlo vence en seis días.
“En los pasillos se rumora que no cuentan con el ‘visto bueno’ del gobierno estatal. Si esto fuera cierto, sería grotesco: el órgano que debe defender nuestros derechos, esperando permiso del mismo gobierno que aprobó la ley que los viola”.
Para Torres Cuevas, lo que está en juego no es solo la constitucionalidad de una ley, sino la credibilidad y la razón de ser de una institución que debería funcionar de forma autónoma, vigilando al poder y no subordinándose a él.
“Si no defienden los derechos humanos en los momentos clave, su existencia se convierte en mero trámite burocrático, funcional al poder que deberían vigilar”, afirmó.
La ley en cuestión genera preocupación entre defensores de derechos, periodistas y organizaciones civiles, pues podría criminalizar la labor de quienes documentan hechos públicos o acciones policiales. Sin embargo, la CEDH, presidida por Giovanna Argüelles Moreno, ha optado por el mutismo institucional.
“No se trata de hacer muchas cosas, sino de hacer lo que realmente importa. Y si no asumen su papel, dejan de ser defensores de derechos humanos para convertirse en cómplices del poder”, aseguró Catalina Torres.
