María Ruiz
María Luisa González Martel, madre del pequeño Santiago Ventura González, de tan solo siete meses de edad, enfrenta no solo la angustia por la sustracción violenta de su hijo, sino también una revictimización institucional que ha encendido la indignación de colectivos, activistas y ciudadanos.
Santiago fue arrebatado de los brazos de su madre el pasado 18 de junio por su padre, Israel, en un acto que según la familia materna y los testigos fue violento, premeditado y fuera del marco legal.
Sin embargo, la respuesta de las autoridades ha resultado, en palabras de la propia madre, “indignante y protectora hacia el agresor”.
Este lunes, la fiscal general Manuela García Cázares declaró que “está ubicado el menor, el padre nos dio el domicilio, y menciona que él lo tiene. El contacto con la madre ya se le dijo a la madre, se le está dando la atención por parte de la Comisión de Atención a Víctimas”.
García Cázares añadió que el padre se presentó voluntariamente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y que se ha iniciado un proceso legal en los juzgados familiares, pues la prioridad es “verificar que el menor se encuentre en condiciones adecuadas y que sus derechos estén siendo respetados”.
Estas declaraciones, lejos de tranquilizar a la familia materna, provocaron aún más desconfianza y molestia.
“La señora fiscal Manuela, la cual sabemos que es un completo títere, está alegando cosas que no son ciertas. Asegura que mi bebé sufría violencia, que está en buenas manos, que yo sabía dónde estaba… cuando eso es completamente falso”.
El testimonio de la madre: dolor, impotencia y lucha
“Yo no sé la localización de mi bebé desde el día 18. No voy a parar hasta recuperarlo. Ya me están gritando el apoyo en Fiscalía, pero soy yo la que está investigando, no ellos. Estoy haciendo el trabajo de la Fiscalía”.
Marilú asegura que ha sido víctima de violencia por parte del padre de su hijo, y que la sustracción del menor no fue un acto legal, sino un secuestro disfrazado de procedimiento judicial.
“Ya tengo videos a favor. No puedo decir más para no entorpecer el caso, pero se ve claramente cómo se llevan a mi bebé en un auto y yo me voy correteándolos”.
Acompañada por su asesora jurídica, su familia y miembros del colectivo Por Ellas, Por Todas, Por Nosotras, Marilú asistió este lunes a una reunión en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAAV) donde, según dijo, recibió atención más empática y efectiva que en la Fiscalía.
“Aquí en la CEAAV es donde me están ayudando. Si no hubiera sido por esta institución, yo todavía estaría llorando y sufriendo por mi bebé. Siento que el alma se me parte, pero toda esa tristeza la estoy convirtiendo en fuerza”.
El comisionado de la CEAAV, Miguel Ángel García Amaro, trató de matizar la situación.
“Estamos coordinándonos con Fiscalía para integrar la carpeta de investigación. La señora ya fue atendida y se está trabajando con ella y su asesora jurídica para documentar los hechos”.
Agregó que el menor “está con familiares del padre” y que la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) verifica su estado. Sin embargo, la familia materna insiste en que Santiago es ocultado y trasladado entre distintos domicilios.
“Mi hija no se lo dio. Hay videos donde ella va corriendo detrás del auto”, afirma la abuela del menor. “Lo arrancaron con violencia. ¡Cómo puede ser posible que el Estado defienda a los sustractores!”.
La abuela rompe el silencio: “Mi hija no lo entregó, lo arrebataron”
La abuela materna de Santiago, visiblemente afectada, también alzó la voz contra las declaraciones de la fiscal.
“Lo que más me interesa es que la fiscal Manuela salió a decir que mi hija entregó al bebé por su propio gusto, así, como si dijera ‘ten, te doy el niño’. ¡Eso es una mentira! Hay videos donde se ve cómo mi hija va corriendo detrás del carro, desesperada”.
Su testimonio no solo desmiente la versión oficial, sino que apunta a un contexto mucho más oscuro.
“Mi hija iba con rumbo a una junta escolar y la interceptaron. Dos hombres y una mujer estaban en un auto”. El padre habría participado activamente en la sustracción. “Esa gente no solo se lo llevó, lo hicieron con violencia, con premeditación. ¿Cómo puede la fiscalía salir a decir que mi hija lo entregó?”.
Las declaraciones de la fiscal generaron reacciones inmediatas. La madre de Santiago anunció que tomará acciones legales por daño moral y omisión de deberes, y no descartó convocar una manifestación frente a la FGE si no recibe respuestas claras.
“Voy a proceder legalmente contra la fiscal por andar diciendo cosas que no son. Y si hoy no me dan la localización de mi hijo, me voy a amarrar con cadenas frente a la Fiscalía. Pido el apoyo de los colectivos y de toda la sociedad potosina”.
Este caso expone una profunda fisura en el sistema de atención a víctimas, especialmente cuando se trata de mujeres que han denunciado violencia. Para muchas como Marilú, el Estado aún no ha entendido que proteger al agresor no puede seguir siendo una opción institucional.
Mientras las autoridades hablan de procesos judiciales y coordinación institucional, una madre sigue sin saber con certeza dónde está su bebé. En esa brecha entre las declaraciones oficiales y la verdad de quienes sufren, se asoma un rostro de impunidad que la sociedad no debería permitir.
“Yo ya no como, ya no duermo. Me siento mal. Y si algo me pasa a mí o a mi bebé, hago responsables a quien lo sustrajo y a quienes los están encubriendo”, sentenció Marilú.
