Por Victoriano Martínez
Como activista y luchador social, la relación de Miguel Ángel Guzmán Michel con las autoridades no ha sido muy cordial: no es la primera vez que es detenido, ni tampoco la primera en la que lo vigilan al extremo de declarar que se ha sentido blanco de una “cacería”.
El 9 de agosto de 2018, Guzmán Michel fue detenido en ciudad Valles por policías ministeriales por su probable intervención en la comisión del delito de despojo agravado por haber ocupado ilegalmente el predio denominado Rancho La Laguna, en el municipio de Aquismón.
Entonces, los policías de investigación determinaros su probable responsabilidad únicamente por el testimonio del cuidador del rancho La Laguna, quien lo señaló a partir de que le mostraron una fotografía de Guzmán Michel que apareció en un diario. “Ahora ser una figura pública lo expone a uno”, expresó entonces.
En esa ocasión, Guzmán Michel fue internado en el Centro Estatal de Reinserción de Xolol, en el municipio de Tancanhuitz, de donde salió libre una semana después, el 17 de agosto, por falta de pruebas.
“Yo fui representante legal de las personas que estuvieron en ese predio, pero no estuve en él”, explicó sobre el presunto despojo del que lo acusaban de haber encabezado.
El 5 de abril del año pasado, indígenas de la comunidad Xi’iuy anunciaron la creación de grupos de guardias comunitarias con el objetivo de prevenir extorsiones hacia su comunidad luego de que ante los llamados las corporaciones policiacas, estas han hecho caso omiso, lo que ha provocado que sean víctimas de grupos delincuenciales.
Ante la descalificación de esos grupos de seguridad comunitaria por parte del gobierno estatal, Guzmán Michel justificó su existencia y explicó que tienen un carácter preventivo y enfocado en los derechos humanos.
“Mientras que muchos agentes actuales parecen desconocer estos derechos fundamentales, la policía comunitaria se compromete a aplicarlos”, expuso.
La controversia por las guardias comunitarias, como parte de los usos y costumbres de las comunidades indígenas no es nueva. En 2016, Guzmán Michel denunció la intención del gobierno por desaparecerlas, a pesar de que existían iniciativas de ley para se reconociera legalmente su existencia.
La postura de Guzmán Michel provocó, según declaró, que sintiera el acoso del gobierno encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, al grado de calificarlo como una cacería en su contra.
En marzo de 2019, el director de Asuntos Indígenas en Ciudad Valles, José Doroteo Hernández Moctezuma, reconoció la existencia de guardias comunitarias en la zona indígena que no desisten en su proyecto de legalizarlas.
“Hay comunidades que ya tienen sus guardias comunitarias pero son internas, todavía no son reconocidas por el ayuntamiento ni federación, por ahí comentan que cada barrio tiene 3 personas y como son varios barrios ya se conjunta, buscan más capacitación y reconocimiento para poder actuar”, dijo.
El último párrafo del artículo 11 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública señala que “se considerarán autoridades en materia de seguridad pública en las comunidades indígenas del Estado, las que así sean reconocidas por sus usos y costumbres, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Administración de Justicia Indígena y Comunitaria”.
Guzmán Michel figura entre los 25 líderes sociales en el Estado que son vigilados por la Secretaría de la Defensa Nacional de acuerdo con las revelaciones de Guacamaya Leaks en 2022.
Hoy, Guzmán Michel se encuentra preso en el Cereso de Perote, Veracruz, acusado de terrorismo y de participación en una organización armada aparentemente con un testigo como única prueba.
El movimiento que exige su liberación argumenta que una vez más la aprehensión de Guzmán Michel tiene más tinte de represalia por su activismo y lucha social, especialmente por las acciones que tiene en puerta: una demanda legal contra Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE, por violaciones a la ley al usurpar funciones.
La otra acción es el potencial papel que desempeñaría como asesor de la comunidad xi’úi en La Palma, Tamasopo, donde se habla del descubrimiento de una veta de oro y el inicio del acoso para despojarlos de sus tierras con amenazas a sus encargados de seguridad para evitar que se dé la defensa del territorio.
Por lo menos desde 2016 Guzmán Michel ha estado vinculado a la comunidad xi’ui y ha sido constante en la defensa de los derechos de ese grupo indígena, lo que lo ha llevado a mantener una relación de confrontación con la autoridad, algo que exige que en su aprehensión actual se de la mayor transparencia, a menos que en la opacidad oculten la verdadera intención de su encarcelamiento.
