María Ruiz
En un contexto de creciente inseguridad y desconfianza hacia las instituciones gubernamentales, las personas indígenas Xi’iuy han dado un paso audaz al formar las guardias comunitarias en su lucha contra la delincuencia.
Sin embargo, esta iniciativa no ha estado exenta de controversia y tensiones legales.
El secretario general de Gobierno del Estado, Guadalupe Torres Sánchez, ha sido enfático: la creación de estas guardias son contrarias a la ley, y bajo ninguna circunstancia permitirán que los civiles se armen.
Sin embargo, ¿qué motiva a los Xi’iuy a desafiar esta prohibición? La respuesta es simple: proteger a su comunidad.
Las comunidades indígenas enfrentan una cruda realidad: extorsiones, crímenes y una sensación de desamparo ante la ineficacia de las fuerzas policiales tradicionales.
El licenciado Miguel Ángel Guzmán Michel —representante de la organización campesina y jurídica de la localidad de Nueva Palma, quien tomó juramento a los nuevos oficiales de las guardias comunitarias Xi’iuy—, señaló que esta agrupación ya cuenta con un comandante y un equipo de asesores listos para actuar.
Explicó que una de las diferencias clave entre estas guardias y las fuerzas policiales convencionales es su enfoque en los derechos humanos.
“Mientras que muchos agentes actuales parecen desconocer estos derechos fundamentales, la policía comunitaria se compromete a aplicarlos”.
Situación que Guzmán Michel consideró es suficiente para justificar su existencia, tras las declaraciones de Torres Sánchez.
“La Constitución establece que el monopolio de la fuerza pública recae en el Estado. Sin embargo, en zonas conflictivas como esta, la realidad es más compleja. Los Xi’iuy buscan la paz y el orden, y su labor se centra en proteger a sus vecinos. ¿Esto es un acto de desobediencia o una necesidad imperante?”, cuestionó Guzmán Michel.
También aseguró que una reunión con las autoridades de Gobierno del Estado será crucial, pues son un motivo y una urgencia al origen de su causa.
“Sabemos que las guardias comunitarias representan un dilema moral y legal, y que es hora de replantear el papel de la sociedad en su propia protección. Nosotros queremos debate abierto con las autoridades, para que haya una balanza entre ley y necesidad de seguridad de nuestras comunidades ante los grupos delictivos y las corporaciones policiales corruptas”.
