Fernanda Durán
El Congreso del Estado de San Luis Potosí trabaja en la organización de las próximas consultas ciudadanas dirigidas a personas con discapacidad, un ejercicio obligatorio tras las observaciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En una mesa de trabajo realizada este viernes, representantes del Poder Legislativo, el DIF estatal, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), la Secretaría General de Gobierno y otras instituciones discutieron los lineamientos y responsabilidades compartidas que guiarán este proceso.
Sin embargo, durante el encuentro también se evidenciaron deficiencias institucionales, vacíos normativos y obstáculos operativos que podrían comprometer el alcance y efectividad de las consultas si no son corregidos a tiempo.
Uno de los principales retos identificados es la falta de una metodología sólida, actualizada y validada que sirva como base para la planeación, ejecución y evaluación de las consultas.
Aunque se cuenta con un convenio de colaboración preliminar —basado en el modelo utilizado en la consulta anterior—, este carece aún de elementos esenciales como indicadores medibles, mecanismos de seguimiento y estrategias de retroalimentación para las personas consultadas.
La Suprema Corte ya había señalado que el ejercicio pasado contenía promesas poco objetivas y difíciles de verificar, lo que derivó en un bajo cumplimiento institucional.
Entre los temas más discutidos estuvo la escasa participación de personas con discapacidad en la consulta anterior. Según datos oficiales, menos del 10 por ciento de la población registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en esta condición participó, lo que fue interpretado como un fracaso en términos de inclusión y alcance.
Para corregirlo, las instituciones plantearon reforzar la estrategia de difusión, adecuar materiales en formatos accesibles (braille, audio, lengua de señas, pictogramas, entre otros) y utilizar plataformas tecnológicas que amplíen la cobertura.
No obstante, se reconoció que muchas de las acciones implementadas anteriormente fueron ineficaces debido a la falta de capacitación especializada del personal y a errores técnicos, como la impresión incorrecta de textos en braille.
Otro punto crítico fue la identificación y validación de las organizaciones que deben participar en el proceso; los representantes del DIF presentes insistieron en distinguir entre organizaciones de personas con discapacidad y aquellas para personas con discapacidad, ya que solo las primeras están legitimadas por organismos internacionales como la ONU para representar adecuadamente a la población consultada.
La ausencia de un padrón confiable y la limitada articulación de colectivos en zonas marginadas fueron señaladas como barreras estructurales que dificultan una consulta representativa y efectiva.
Durante la sesión, el Congreso también hizo hincapié en la necesidad de garantizar instalaciones accesibles para los foros de consulta, evitar repetir errores logísticos del pasado y establecer mecanismos claros de colaboración interinstitucional.
La propuesta incluye dotar de herramientas de sensibilización a las y los servidores públicos involucrados, así como formar unidades especializadas en discapacidad al interior de las instituciones, a semejanza de las unidades de género.
En cuanto a los recursos materiales y humanos, se mencionaron limitaciones presupuestales y problemas de coordinación entre dependencias que incluso impidieron la asistencia de algunas instituciones clave a la reunión, a lo que se suma la falta de personal capacitado, como intérpretes certificados en lengua de señas mexicana, y la necesidad de homologar prácticas para evitar conflictos entre grupos de interpretación.
Los funcionarios e instituciones involucradas coincidieron en que es necesario construir una metodología clara, incluyente y técnicamente viable, ya que su reto no es únicamente convocar a la ciudadanía, sino garantizar que las opiniones recogidas incidan en políticas públicas reales y sean devueltas en formatos comprensibles a quienes participaron.
En los próximos meses, el Congreso trabajará en la integración de observaciones técnicas y jurídicas, así como en el diseño de un plan operativo con enfoque de derechos humanos, que asegure el respeto y la participación efectiva de las personas con discapacidad en la toma de decisiones legislativas.
Por su parte, el presidente de la Directiva, el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, aseguró que no van retrasados en el cumplimiento con las sentencias de la Suprema Corte, ya que han informado de los trabajos que realizan, por lo que insiste en que aún están a tiempo de cumplimentar las sentencias que obligan a los legisladores a realizar consultas sobre diversas reformas.
