Fernanda Durán
El Congreso del Estado emitió un exhorto dirigido a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que realice los estudios técnicos, económicos, sociales y de factibilidad necesarios que permitan aplicar la tarifa eléctrica 1F en los municipios que integran la región Huasteca, donde cada verano se registran temperaturas extremas superiores a los 45 grados centígrados.
En el dictamen aprobado, se solicita a la CFE que la implementación del esquema de tarifa preferencial se aplique de forma retroactiva al primero de mayo de 2025, en beneficio de las personas que residen en esta zona de alta marginación y vulnerabilidad.
La región Huasteca, integrada por 20 municipios, enfrenta un clima caluroso y húmedo durante la mayor parte del año. En Ciudad Valles, por ejemplo, se han registrado temperaturas de hasta 50 °C, lo que obliga a la población a hacer un uso intensivo de ventiladores y sistemas de aire acondicionado, con altos costos en sus recibos de luz.
En su exposición de motivos, la diputada promovente Frinné Azuara Yarzábal señaló que “el acceso a la energía eléctrica debe ser considerado un derecho humano fundamental, especialmente en regiones donde el calor extremo compromete la salud, el bienestar y la calidad de vida de miles de familias”.
El dictamen advierte que, a pesar de las condiciones climáticas adversas, San Luis Potosí no fue incluido en la lista de entidades beneficiadas con la tarifa 1F durante el verano de 2025. Actualmente, esta tarifa subsidiada aplica en estados como Sonora, Sinaloa, Campeche, Chiapas, Tabasco y Yucatán, entre otros.
De acuerdo con la normatividad vigente, la tarifa 1F está diseñada para aplicarse en zonas donde la temperatura media mensual durante el verano es de al menos 33 °C por lo menos tres años en un periodo de cinco. Los legisladores consideraron que la Huasteca Potosina cumple con estos requisitos, por lo que resulta procedente su inclusión.
Finalmente, el punto de acuerdo aprobado exhorta únicamente a la CFE —ya no a la Secretaría de Hacienda ni a la Comisión Reguladora de Energía, como se planteaba originalmente—, con el fin de concentrar el trámite en la entidad con atribuciones directas sobre el sistema tarifario.
