Por Victoriano Martínez
Los movimientos por la defensa del territorio y su protección ambiental que se han dado en el Estado comienzan a configurar una ruta que se puede replicar en otras partes del país, además de haber generado ya propuestas para reforzar el cuidado ecológico para enfrentar los desafíos en materia hídrica ante una gestión ineficiente del suelo y los recursos hidrológicos.
“La justicia agraria y la protección ambiental son asuntos prioritarios. Comunidades Corcovada y El Peyote, ejemplos de resistencia y defensa legal”, fue el recuento principal en el comunicado sobre la reunión de los titulares de la Procuraduría Agraria (PA), Víctor Suárez Carrera, y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Pedro Álvarez Icaza Longoria, con representantes de esos dos ejidos.
De acuerdo con lo informado por la Procuraduría Agraria, tres fueron los temas centrales en la reunión realizada este miércoles 2 de julio: “propuestas comunitarias y técnicas orientadas a (1) preservar las zonas de recarga hídrica, (2) frenar procesos de privatización de tierras y (3) avanzar hacia nuevos esquemas de protección ambiental”.
Como asuntos particulares se habló sobre la protección a la Sierra de San Miguelito, el rechazo al proyecto extractivista en Corcovada, fortalecer la identidad Comunal de Tampate, en Aquismón, establecer mecanismos efectivos para remediar Cerro de San Pedro, además impulsar la incorporación de la categoría de Área de Recarga Hidrológica a las Áreas Naturales Protegidas.
Jonathan Quintero García, presidente del Consejo Hídrico Estatal, presentó su “propuesta para la creación de una nueva categoría de Área Natural Protegida: Área de Recarga Hidrológica” para garantizar “la conservación, restauración y gestión sostenible de las áreas de recarga hídrica y cuerpos de agua en el país, con un enfoque prioritario en la seguridad hídrica”.
Una propuesta que ya cuenta además con una iniciativa de reformas a las leyes Ambiental y de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano presentada en el Congreso del Estado por la diputada Nancy Jeanine García Martínez para incorporar la figura de las Áreas de Recarga Hídrica Prioritaria (ARHP).
Representantes de los ejidatarios de Corcovada y El Peyote compartieron durante la reunión, que duró más de dos horas y media, su experiencia para frenar los intentos despojo de sus tierras a cambio de lo que han calificado como pago miserable por parte de proyectos empresariales extractivistas en el primer caso y para una autopista en el segundo.
Se reconoció que en Corcovada han detenido modificaciones a su reglamento interno y asambleas que buscaban legitimar privatizaciones, como ocurrió el pasado 18 de mayo.
En el caso del Ejido El Peyote, se expuso la situación en la que se encuentra la defensa de su territorio, no sólo en cuanto a malbaratar sus tierras sino también en contar con garantías de que se realicen las obras necesarias para la protección ambiental y se abran las posibilidades de contar con una propuesta de desarrollo integral y sostenible que evite la segregación y fragmentación de las tierras de uso común.
Expusieron que buscan que con la construcción de la carretera de cuota se promueva a la par “un desarrollo social, económico, ambientalmente sustentable mediante acciones de mitigación, acompañamiento comunitario, capacitación y proyectos productivos regenerativos”.
Durante la reunión se comentó, por ejemplo, que es falso que no pueda haber paraderos en el trayecto de la autopista para actividades comerciales de los ejidatarios, o que no puedan contar con accesos a la vía, o que no existan obras posibles para evitar daños ecológicos, además de ser legítimo que aspiren a un precio de 400 pesos por metro cuadrado.
“Esto implica el apoyo del Gobierno Federal para una negociación económica con sustento ambiental y social, sobre la cual la asamblea determino establecer 400 pesos metro cuadrado la cual puede ajustarse en función de la implementación del proyecto de desarrollo integral antes señalado”, expusieron en la reunión, además de plantearlo por escrito.
Víctor Suárez Carrera, procurador Agrario, anunció a los ejidatarios de El Peyote que en las próximas semanas organizará una reunión en San Luis Potosí a la que se convocará a los empresarios y al gobernador del Estado para darles a conocer y respaldar sus demandas. En ese tipo de ocupaciones previas ya no se debe permitir la presión y el chantaje, advirtió.
Una reunión a partir de la que se avanza en la reivindicación del papel estratégico de los ejidos y comunidades en la conservación de bienes comunes como el agua, el suelo y la biodiversidad, y en la que el abuso por parte de empresarios depredadores del medio ambiente y políticos que los apoyan no cave.
