Estela Ambriz Delgado
El procurador agrario nacional, Víctor Suárez Carrera, y el titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Pedro Álvarez Icaza Longoria, manifestaron su apoyo a las propuestas de diversos ejidos del estado, orientadas a frenar procesos de privatización de tierras e impulsar proyectos de desarrollo económico y protección ambiental, así como preservar áreas de recarga hídrica, durante una reunión con ejidatarios, autoridades comunitarias y defensores del territorio.
El pasado 2 de julio una comisión de representantes de comunidades y ejidos como El Peyote, municipio de Guadalcázar; Tampate y Eureka, de Aquismón; El Mezquital y San Luis Gonzaga, de Villa de Arriaga; así como del ejido Corcovada en Villa Hidalgo, junto con integrantes de Guardianes de la Sierra de San Miguelito, Frente Amplio Opositor (FAO) y Consejo Hídrico Estatal (CHE), se reunieron con los funcionarios en la Ciudad de México, a fin de abordar la defensa legal de núcleos agrarios ante proyectos de urbanización, así como con la remediación de pasivos ambientales.
Al respecto, Guardianes de la Sierra informó que fue analizado el tema de la defensa del Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Sierra de San Miguelito en ejidos como Mezquital y San Luis Gonzaga, y todo el polígono, así como las estrategias jurídicas, sociales y políticas necesarias, dada la persistencia de tácticas de presión y desinformación que aún mantienen los fraccionadores en el lugar.
Para el caso de San Luis Gonzaga, se habló de que tanto la PA como la Conanp apoyen para que se consolide la ampliación de su zona urbana, con la emisión de un lineamiento que les permita gestionar ante el Registro Agrario Nacional (RAN) la obtención de sus títulos de solar urbano en dicha ampliación. En lo referente a El Mezquital, se analizó una propuesta de aprovechamiento del uso común sostenible.
El tema del ejido El Peyote y otros que a la fecha no han aceptado el ofrecimiento de pago de la ocupación previa para el proyecto carretero Entronque 75-D Matehuala también fue ampliamente discutido. Se enfatizó en que los ejidatarios tienen derecho a una serie de obras y beneficio, y no se les puede coartar la posibilidad de acceder a estos y a la protección de su medio ambiente.
Al respecto, se estableció una reunión para las próximas semanas, en la que directamente Suárez Carrera estará en San Luis Potosí para apoyar y respaldar una negociación que convenga a los intereses de El Peyote. De la misma manera, se les brindará apoyo a otros núcleos como San Lorenzo y Peotillos, con un análisis exhaustivo de los contratos, convenios, y los montos.
Para Tampate y Eureka, se solicitó una opinión jurídica sobre la predominancia del régimen comunal y la inhibición de cualquier intento de distorsionar la vida comunal, y sustituirla por un lineamiento de régimen ejidal.
En el caso de Corcovada, los ejidatarios agradecieron el apoyo de la PA para frenar tanto la asamblea del 18 de mayo, en la que la empresa CEMAT Construction pretendía despojar de más de 426 hectáreas de uso común; así como la del 29 de junio, en donde querían modificar su reglamento interno para facilitar las tierras al proyecto extractivista del empresario Ricardo Salinas Pliego. Además, expusieron una propuesta de aprovechamiento sustentable y sostenible.
Guardianes de la Sierra subrayó que en este tema el procurador dijo que se actuó con determinación por instrucciones de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que no se permitiría una injusticia. Se impulsarán alternativas que sean sostenibles, compatibles con el medio ambiente, pero que también fomenten el desarrollo y beneficio económico de las y los ejidatarios, por lo que era bienvenida la recién presentada.
Asimismo, Suárez Carrera instruyó al representante estatal de la PA, Álvaro Pineda Maldonado, quien se encontraba presente en la reunión, que mantuviera la atención y el respaldo al movimiento de defensa en Corcovada, así como los demás que fueron tratados.
De la misma manera, se analizó el caso de Cerro de San Pedro con el activista Enrique Rivera Sierra, integrante del FAO, en cuanto los temas ambiental y social, pues por instrucción de la presidenta está el planteamiento de trabajar para que se pueda hacer una remediación del lugar y un adecuado cierre del proceso tras la devastación de la empresa New Gold con Minera San Xavier.
La propuesta de Áreas de Protección Hidrológica
Por otra parte, el presidente del Consejo Hídrico Estatal, Jonathan Abraham Quintero García, planteó la propuesta de incluir las zonas de recarga hídrica en las declaratorias de ANP a nivel nacional, proponiendo como nueva categoría “Área de Protección Hidrológica”, para lo que el estado podría ser modelo piloto.
El también investigador del Colegio de San Luis (Colsan) indicó que esta propuesta fue presentada el 23 de abril a la Dirección de Operaciones Regional de la Conanp, además de que el pasado 23 de mayo se presentó a nivel local una iniciativa de reforma a las leyes Ambiental y de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para establecer la protección de áreas de recarga hídrica prioritaria (ARHP), por parte de la diputada Nancy Jeanine García Martínez.
Dichas áreas del territorio son aquellas que, por sus características geológicas, hidrológicas y ecológicas, tienen una función esencial en la infiltración de agua hacia los acuíferos o en la alimentación de cuerpos de agua superficiales, tanto temporales como perennes.
El tema generó gran interés, por lo que el titular de la Conanp destacó que coincidía plenamente con el Plan Nacional Hídrico impulsado desde el gobierno federal, por lo que pidió intercambiar toda la información para impulsar y homologar la propuesta federal con esta que se impulsa a nivel local, y establecer una relación entre la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y los diputados y diputadas que apoyan la propuesta.
Por su parte, la Procuraduría Agraria emitió un comunicado, en el que reiteró su compromiso y el de la Conanp “de acompañar técnica, jurídica y socialmente los procesos de protección territorial impulsados por las comunidades, así como de colaborar en el diseño de instrumentos normativos que reconozcan el papel estratégico de los ejidos y comunidades en la conservación de bienes comunes como el agua, el suelo y la biodiversidad”.
También participaron de la reunión el subprocurador general, Wolfgang Rodolfo González Muñoz; la directora general de Organización Agraria, Sandra Esther Barillas Arriaga; y la directora general de Operación Regional de la Conanp, Yadira Gómez Hernández.
