Marcela Del Muro
“2010 fue el año en que comenzó el infierno, pero ahora (la violencia) ya rebasó el límite”, dice Engracia Solís, madre buscadora del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros. Hace casi 15 años que la vida de su familia giró violentamente. El 21 de julio de 2010 un comando armado atacó el bar La Mariposa, a espaldas del Lienzo Charro, en Ciudad Valles; su hijo Oscar Omar Santos Solís tenía tres meses trabajando ahí. “Se llevaron a mi hijo y a otras personas más, y también mataron a otros”.
El grupo criminal pidió rescate por la dueña del bar, pero nada por los otros muchachos. “La familia no pudo reunir el dinero, tampoco la regresaron, pero de todas las familias somos los únicos buscando. Ya van a cumplir 15 años y estamos a ciegas”, explica la madre de Oscar Omar, joven de entonces 22 años y con deseo de superarse, que planeaba estudiar y trabajar al mismo tiempo.
Engracia comenta que las demás familias decidieron no buscarles, por miedo. Ese mismo miedo que paraliza, silencia y evita que se denuncien las desapariciones de muchas personas. “Lo que no se denuncia, no existe para el Estado. Y así la tragedia queda enterrada bajo cifras falsas”, señaló Edith Pérez Rodríguez, directora de Voz y Dignidad por los Nuestros, quien explicó que han observado que por cada denuncia de desaparición que se realiza, tres casos no son reportados por desconfianza en las autoridades.
El miedo es lógico. Lo que comenzaron a vivir las y los huastecos días después del ataque en el bar La Mariposa es para aterrar a cualquiera.
A los nueve días de la desaparición de Oscar Omar, unos pistoleros mataron a cinco policías en Ciudad Valles: dos estatales afuera de una embotelladora y tres municipales en la comandancia. El director de la municipal resultó gravemente herido. A las dos semanas, el alcalde del municipio El Naranjo, el priista Alexander López García, fue acribillado en el Ayuntamiento. A los dos meses de la desaparición, seis personas fueron asesinadas en un local de carnitas. Al día siguiente, el 22 de septiembre, unos sicarios atacaron al entonces subsecretario de Readaptación Social del gobierno estatal, Jaime Delgado Alcalde, que visitaba Valles.
“La Huasteca vive una situación especial, de desventaja geográfica por su proximidad a Tampico, al norte de Veracruz y a Hidalgo (…) vivimos secuelas de la guerra del narcotráfico”, explicó Enrique Galindo Ceballos, entonces secretario de Seguridad Pública del estado.
La violencia no iba de paso. La guerra se estaba asentando y los grupos criminales iniciaban la disputa del territorio huasteco, que ha aumentado de intensidad con los años, abarcando toda la zona.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en la Huasteca hubo tres períodos donde las denuncias por desaparición de personas presentan aumentos de incidencia: el 2010, 2016 y 2021. Siendo el 2022 y 2023, los años que más casos registran históricamente en el estado.
Los registros federales de personas desaparecidas, aunque son un aproximado por la cifra negra, nos muestra cómo ha ido evolucionando el fenómeno de las desapariciones de personas en el territorio, que va acompañada por el recrudecimiento de la violencia. En los 20 municipios que conforman la Huasteca, del 2010 al 30 de junio de 2025, se ha denunciado la desaparición o no localización de 704 personas, 403 hombres y 301 mujeres; de las cuales 291 personas, 223 hombres y 68 mujeres, siguen sin ser localizadas.
Omisiones, revictimización, negligencia y colusión: causas de la desconfianza institucional
Juan Carlos Martínez Hernández fue desaparecido el 1 de abril de 2017. Personas con armas largas lo sacaron de su negocio de herbicidas en El Naranjo y, a bordo de una camioneta blanca, se lo llevaron rumbo a Ciudad Mante, Tamaulipas. La familia de Juan Carlos conoce los detalles porque una vendedora ambulante grabó el violento levantón del empresario de 43 años y lo subió a redes sociales.
Martha Martínez cuenta que el agente del Ministerio Público (MP) les solicitó que llevaran las armas para confirmar que la desaparición de su hermano se desarrolló como ellos narraban y, días después, se le pasó el plazo para solicitar los videos de la Red Nacional de Caminos, los cuales se borraron del sistema. Ante la presión y desesperación de la familia, la respuesta del agente fue que “para él, era lo mismo buscar una bicicleta que a una persona”, obstaculizando los primeros meses de la investigación.
Las cosas que se saben han sido investigadas por la propia familia; por ejemplo, existe la sospecha de que la desaparición fue por cobro de piso -extorsión- del crimen organizado. En ocho años, la investigación del caso de Juan Carlos ha brincado los tres niveles de gobierno, pasando por cuatro instituciones sin resultados hasta ahora. De la investigación municipal pasó a la Unidad Antisecuestros, donde la familia no vio ningún avance; en 2018, la carpeta pasó a la Unidad de Personas Desaparecidas y en 2020 pasó a la Fiscalía General de la República.
Algo similar pasó con el caso de Oscar Omar, desaparecido en Ciudad Valles. Su familia visitaba muy seguido al MP para preguntar avances en la investigación; así se dieron cuenta que el expediente estaba extraviado. ”Lo tenían en un cuarto con humedad, perdido, mojándose. No les importa, las investigaciones son muy lentas, no hacen nada”, señala Engracia. Su caso fue turnado federalmente en 2021.
En un primer momento, esa lentitud y negligencia se excusaron en la falta de legislación, reglamentación e instituciones que buscaran e investigaran las desapariciones de las personas. Fueron las familias y colectivos los que impulsaron esos avances. Uno de los más importantes, en lo que se sostienen las leyes e instituciones, es el reconocimiento del derecho a ser buscado de todas las personas que han sido desaparecidas en el país
En San Luis Potosí, las familias buscadoras impulsaron la creación de la Unidad de Personas Desaparecidas, de la Fiscalía General del Estado, en 2017, y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, en el 2018. En noviembre de 2021, se aprobó la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de San Luis Potosí.
Pese a toda la presión y lucha de las familias, las desapariciones aumentaron y avanzaron por la Huasteca. En 2021, los reportes de jóvenes desaparecidos comenzaron a registrarse en Tamasopo, extendiéndose sobre todo a Ciudad Valles, Tamazunchale y Tamuín. Estos cuatro municipios concentran el 72.5 por ciento de todos los casos reportados en la Huasteca. No obstante, ninguno de los 20 municipios se salva de sufrir, al menos, un par de casos de personas desaparecidas en sus territorios.
Desde 2023, los habitantes de Tamuín comenzaron a vivir lo impensable: asesinatos en la vía pública a plena luz del día; la noticia del hallazgo de restos humanos en una hielera dejada en la carretera; el amanecer con cuerpos abandonados afuera de la presidencia municipal; ataques armados, incluso, contra el ejército; y varios casos de comandos armados irrumpiendo en casas para asesinar o llevarse a personas, que eran desaparecidas.
En ese entonces, Edith Pérez Rodríguez, tamuinense y directora del colectivo, identificó que las desapariciones en el municipio estaban relacionadas a la disputa entre grupos del criminales. “El común de los desaparecidos de Tamuín se debe a la guerra entre cárteles: a los jóvenes que son adictos los desaparecen porque le compran al otro grupo; a los que venden porque venden el producto de los otros; a los que no quieren involucrarse, porque no quieren ser parte; o también a los que les cobran cuota (extorsión) y no la pagan”, explicó en una entrevista de aquel año.
Tamuín no ha vuelto a ser lo que era, sus habitantes dejaron de salir por el pueblo cuando oscurece, los negocios empezaron a cerrar temprano y la desconfianza en las autoridades fue creciendo. En tan solo dos años, 35 familias de personas desaparecidas en el municipio se unieron al colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros.
El 22 de marzo de 2025 se viralizó el video que mostraba a personas armadas que encañonaron y se llevaron, a bordo de una camioneta gris, ados muchachos de 18 años que se encontraban afuera de la comandancia municipal, sucedido 8 días antes. El gobierno del estado anunció que toda la corporación se encontraba bajo investigación. El 23 de marzo fueron hallados con vida los dos jóvenes, y a principios de abril fueron vinculados a proceso tres policías municipales investigados por la desaparición forzada.
Las instituciones de búsqueda fueron rebasadas por la crisis de desaparición. Por esa razón, el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros exige que la Unidad de se convierta en una fiscalía especializada en desaparición de personas, pues se tendría la capacidad de concursar federalmente para obtener más recursos y, de esta forma, se podría robustecer la institución.
La búsqueda en la Huasteca
Entre más personas son desaparecidas en los municipios huastecos, más familias rotas se agilizan para buscarles. Desde finales de 2024, familias de Voz y Dignidad por los Nuestros han hallado tres campos de exterminio en Ciudad Valles.
En septiembre de 2024 descubrieron, junto a las autoridades de búsqueda, un gran campo de exterminio en el rancho Las Pitas, en el ejido Laguna del Mante, en Valles, que comenzó a explorarse en noviembre. En el lugar se encontró lo que se sospecha era una casa de seguridad y también se encontraron tambos donde los criminales incineraron cuerpos con hidrocarburos, uno de esos tambos aún se encontraba prendido; lo que demuestra que el sitio se encontraba en operaciones recientemente. Hallaron también varias fosas donde se ocultaban los restos calcinados y montículos de ropa.
“Nunca habíamos encontrado algo así, fue la primera vez y para nosotras fue impactante”, explica Engracia. “Por donde quiera había pedacitos de huesos, no podíamos ni caminar. Muy terrible”.
Aún sin terminar la búsqueda en Las Pitas, el 12 de diciembre, las exploraciones dieron con otro sitio de exterminio a unos pocos kilómetros del primero, en los alrededores de la presa La Lajilla, en un lugar conocido como Los Manglares, en el mismo ejido. Apenas el mes pasado, el 11 de junio, comenzaron las prospecciones en el sitio, encontrando superficialmente un sinnúmero de restos calcinados y tambos de incineración. El 12 de junio se encontró otro sitio con restos. Ambos sitios están a la espera de iniciar las labores de exploración y procesamiento.
El pequeño equipo forense de la Unidad de Personas Desaparecidas no se da abasto para explorar todos los campos de exterminio y fosas que han sido encontrados en la Huasteca -y en todo el estado- demostrando la urgente necesidad de robustecer la institución. “Imagínate, hay un antropólogo para todo el estado, un arqueólogo para todo el estado. No hay un equipo multidisciplinario que alcance para todo lo que se necesita”, señala Edith Pérez Rodríguez.
“La delincuencia está al alza y parece que no les preocupa. Yo creo que las autoridades quieren que uno se canse para que no estemos dando lata. Llevo 15 años buscando a mi hijo sin encontrar nada”, dice Engracia.
