Por Victoriano Martínez
Los tiempos cambian. El 28 de septiembre de 2022, durante la presentación de su primer informe como alcalde, Enrique Galindo Ceballos dijo:
“Todos los días despierto y pienso. ¿qué vamos a hacer con esta ciudad para que cada día sea más competitiva? No es sencillo, estoy seguro que mi amigo el gobernador piensa lo mismo. Despertamos, a veces nos mandamos un mensaje, ¿Qué sigue?”.
Hoy, en su primer año como alcalde tras haber logrado la reelección es muy probable que Galindo Ceballos despierte y ya no tome su celular para enviarle un mensaje al gobernador Ricardo Gallardo Cardona para preguntar qué sigue, sino que más bien se preguntará ¿y ahora con qué tema tratará de descalificarme?
El desabasto de agua que lo obliga a salir al quite con pipas, la inseguridad y su poco interés en asistir a las Mesas para la Construcción de la Paz, la ineficiencia del Interapas y la desincorporación de Soledad de Graciano Sánchez, el descuido de las calles y las pavimentaciones encabezadas por la senadora Ruth González Silva, el descuido de la zona industrial…
Parece que temas no pueden faltar y el grado de intervención del gobierno estatal en los asuntos municipales de la capital del Estado cada vez tiene mayores alcances, al extremo de que para el caso de la zona industrial Gallardo Cardona la pretensión la estira hasta la posibilidad inconstitucional de apropiarse del impuesto predial.
“Nosotros vamos a tener que entrar a rescatarla, porque vemos muy lejana la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda o quiera entrar. Cobra predial a todas las empresas, pero no les da servicio. Es una tontería”, advirtió Gallardo Cardona.
“Las facultades que tengan los municipios son facultades que pueden ser revisadas en todo momento y, por supuesto, nosotros en condiciones y con las propias facultades del Congreso [hay] posibilidad para poder modificar cualquier tema que tenga que ver con recaudación”, lo respaldó de inmediato el diputado Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.
Un respaldo por el que seguramente ya trabajan en la iniciativa correspondiente para modificar el artículo 115 de la Constitución federal para enseguida armonizar esa reforma en el artículo 114 de la Constitución local.
Gallardo Cardona estimó que rehabilitar los ejes troncales y vialidades dañadas tiene un costo estimado de 900 millones de pesos, y si la administración estatal asume esa carga, también debe tomar control de los ingresos derivados del impuesto predial.
“Si nos dan entrada para invertir, nosotros vamos a tener que empezar ya a cobrar predial, no la capital, porque no tendría por qué cobrar la capital un servicio en la Zona Industrial que no está dando. Eso es definitivo”, afirmó.
De entrada, los ingresos por impuesto predial que genera la Zona Industrial están muy lejos de los 900 millones de pesos que Gallardo Cardona anuncia que invertiría en esa área. La expectativa de ingresos por ese impuesto conforme a lo señalado en la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de San Luis Potosí es de 450 millones de pesos, justo la mitad.
Se trata de un ingreso de 450 millones de pesos por el cobro total correspondiente a todos los inmuebles del municipio, lo que reduce aún más los recursos que se obtiene por los predios de la zona industrial.
En los primeros seis meses del año, el Ayuntamiento ha tenido ingresos por 427 millones 157 mil 785.26 pesos por parte de 209 mil 445 contribuyentes de impuesto predial, de los cuales al menos 5 mil 907 aparecen como razones sociales de empresas que acumulan pagos por 87 millones 321 mil 635 pesos.
En otras palabras: Si Gallardo Cardona cree que con el pago del impuesto predial de las empresas de la zona industrial recuperaría los 900 millones de pesos que anuncia como inversión, la noticia es que no le alcanzaría ni para reponer el 10 por ciento.
Un ingreso por impuesto predial que coloca en perspectiva la razón por la que esa contribución está lejos de ser la fuente para la restauración de la zona industrial porque, de acuerdo con el cálculo de Gallardo Cardona, se requeriría la recaudación de más de diez años para cubrir ese costo.
Si el gobierno estatal tiene la voluntad para invertir en la regeneración de la zona industrial no tendría por qué estar condicionada a violar la Constitución y apropiarse del impuesto predial. Si la Junta Estatal de Caminos pavimenta calles y tapa baches para la campaña de la senadora, ¿porqué no intervenir la zona industrial para congraciarse con el sector empresarial?
