Fernanda Durán
El diputado panista Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política del Congreso del Estado, evitó emitir una postura categórica sobre la legalidad de las magistraturas electas cuyo promedio académico no alcanzó el mínimo constitucional de ocho puntos.
Sin embargo, advirtió que si los tribunales determinan su inelegibilidad, deberá analizarse la responsabilidad de quienes integraron los comités de evaluación que permitieron su participación.
En entrevista, Guajardo señaló que se trata de un tema jurídico y no político, por lo que corresponde a los tribunales electorales resolver si las personas electas cumplieron con todos los requisitos establecidos.
“Desde mi punto de vista sería irresponsable el poder decir si el magistrado presidente está bien o si está mal, porque el asunto no se está viendo en el Congreso, se está viendo en los tribunales electorales”, afirmó.
Reconoció que la Constitución establece con claridad el requisito de contar con al menos ocho de promedio general en la licenciatura, pero también hizo referencia a una excepción contemplada en artículos transitorios para quienes ya ejercían el cargo, equiparable a una reelección:
“Hasta donde yo entiendo, poder omitir algunos requisitos, pero como es constitucional, pues esto se va a definir en la última instancia, que es a la Superior”.
Sobre el actuar de los comités de evaluación, Guajardo explicó que ni el gobernador Ricardo Gallardo, ni las y los diputados y diputadas, ni los propios magistrados intervinieron directamente en la verificación de los expedientes.
En el caso del Legislativo, aseguró que la responsabilidad recae exclusivamente en los tres integrantes del comité técnico designado por el Congreso.
“Nosotros no nos involucramos en revisar expedientes, porque precisamente se buscó que el proceso fuera ajeno a influencias políticas”.
No obstante, advirtió que si en última instancia se confirma que una o más personas electas no debieron haber pasado los filtros, debe analizarse si hubo omisión por parte del comité respectivo.
“Alguien debe ser responsable, porque ellos no debieron pasar los filtros. Pero estamos hablando todavía de muchos supuestos”, subrayó.
En una postura similar, la diputada morenista Gabriela López Torres, presidenta de la Comisión Segunda de Justicia, también se deslindó de pronunciarse de fondo y que serán las instancias jurisdiccionales quienes resuelvan las impugnaciones.
“Dejémoselo a las instancias correspondientes; ellos tendrán la última palabra”, declaró brevemente.
