Fernanda Durán
A casi dos semanas de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera no conceder el amparo que buscaba prohibir el ingreso de niñas, niños y adolescentes a las corridas de toros en San Luis Potosí, integrantes del Colectivo Antitauromaquia y de la Asociación Potosina por la Dignidad Animal (APDA) calificaron el fallo como un grave retroceso en materia de protección infantil y de derechos animales, y advirtieron que no es un punto final en su lucha.
“La Suprema Corte en este caso no resolvió la inconstitucionalidad de las normas, no es porque no procediera, simplemente no quiso hacerlo. Qué intereses tendrá, no lo sabemos, pero no quisieron hacerlo”, señaló Octavio Pesqueda, abogado de la asociación, quien criticó que el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel ignoró múltiples estudios científicos y recomendaciones internacionales.
Lizbeth Muñoz, vocera del colectivo, acusó que las decisiones judiciales como la recientemente emitida están influenciadas por intereses ajenos a la protección de la infancia.
Atribuyó la persistencia de la tauromaquia en México a prácticas de corrupción y tráfico de influencias, la considerar que quienes ocupan cargos de decisión no siempre actúan con imparcialidad, pues no es la primera vez que la ministra Yasmín Esquivel emite resoluciones en contra de iniciativas para restringir estos espectáculos, además de ser identificada públicamente, junto con su esposo, como simpatizante de la tauromaquia.
Ambos representantes confirmaron que aún no han recibido la notificación oficial de la sentencia y esperan que esto ocurra hasta agosto debido al periodo vacacional del Poder Judicial. Una vez con el documento en mano, evaluarán nuevas rutas legales para continuar su causa.
“Lo que nosotros buscamos es que esas normas que permiten el ingreso de menores, no estén vigentes”, explicó Pesqueda.
Sobre el impacto de este tipo de espectáculos en la infancia, insistieron en que no se trata de hacer asociaciones simplistas, sino de proteger el desarrollo emocional de los menores ante escenas que involucran sufrimiento y violencia.
“Un menor de edad no tiene la capacidad de discernir y procesar muchas cosas violentas. Así como no se les permite ver películas clasificadas como B o C, tampoco deberían estar en espectáculos donde se tortura y mata a un animal. Esto genera confusión, ansiedad, insensibilidad, y en algunos casos puede derivar en problemas de conducta más graves”, explicó Lizbeth Muñoz.
Recordaron que en 2022 lograron que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitiera una recomendación para alejar a la infancia de estos eventos, respaldada a su vez por la ONU desde 2015, a través del Comité de los Derechos del Niño. Esta recomendación fue base del juicio que recientemente resolvió la Corte.
Adicionalmente, Lizbeth Muñoz insistió que dentro del movimiento antitauromaquia existe la percepción de un sesgo reiterado por parte de la ministra Yasmín Esquivel Mossa en resoluciones relacionadas con la tauromaquia.
“Los mismos taurinos la reconocen por sus resoluciones”, comentó, al tiempo que cuestionó la reiterada asignación de este tipo de casos a su ponencia.
Sobre el panorama actual en San Luis Potosí, señalaron que aunque se realizan pocas corridas de toros al año —principalmente en febrero y noviembre—, persisten intereses políticos y económicos que bloquean intentos de prohibición, pese al respaldo social.
“San Luis no es una ciudad taurina como algunos quieren hacer creer. Desde 2013 la sociedad civil ha tomado postura, y más del 70 por ciento de las personas nos apoyaban cuando recolectamos firmas. Lo que mantiene viva esta práctica no es la afición, sino los intereses de quienes están en el poder”, asegura Muñoz.
Respecto a una posible vía legislativa, reconocieron que dependerá de la voluntad del Congreso del Estado, aunque las y los legisladores no han garantizado coherencia entre su discurso ambientalista y su postura sobre el maltrato animal.
“A veces hay personas conscientes, pero también otras con intereses. Se vuelve una lucha de poder. Pero lo seguiremos intentando una y otra vez”, afirmó Octavio Pesqueda.
Finalmente, hicieron un llamado a madres, padres y familias a no exponer a sus hijos e hijas a espectáculos violentos.
“No están obligados por ninguna ley a llevar a sus hijos a una corrida de toros. Si un niño crece viendo maltrato animal, se le está educando en el maltrato, en la violencia. No lo decimos solo nosotros, lo dice la ciencia. Incluso el FBI considera el maltrato animal como una señal de riesgo. Educar en el respeto a la vida es prevenir futuras violencias”, señaló Muñoz.
Tras la resolución, las y los representantes del colectivo afirmaron que analizarán distintas vías para continuar su lucha, entre ellas, no descartan impulsar una nueva iniciativa de ley en el Congreso del Estado que prohíba expresamente el ingreso de menores a estos espectáculos, como ya ocurre en otros estados; promover nuevas acciones legales contra actos u omisiones de las autoridades; buscar el diálogo con el Ayuntamiento de San Luis Potosí para modificar el reglamento vigente; y fortalecer su trabajo de incidencia social a través de campañas, actividades educativas y difusión de contenidos en redes.
También manifestaron su disposición a apoyar litigios similares a nivel nacional en coordinación con otras organizaciones.
