Fernanda Durán
El Ayuntamiento de Venado presentó al menos ocho escritos ante el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) en los que argumenta que no cuenta con los recursos suficientes para cumplir la sentencia que lo obliga a pagar más de 3.6 millones de pesos a cinco exregidores, por concepto de sueldos no cubiertos entre octubre de 2021 y agosto de 2023.
Entre los firmantes de los documentos entregados el pasado 17 de julio se encuentran el presidente municipal, José Reyes Martínez Rojas, y la síndica Cecilia Cerda Zapata, así como otros integrantes del Cabildo.
En ellos exponen diversas justificaciones que, a su juicio, hacen “materialmente imposible” cumplir con lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado en septiembre de 2023, resolución que fue ratificada posteriormente por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El fallo original estableció el pago de 732 mil 996.34 pesos brutos a cada uno de los regidores Olivia Valdez Martínez, Maribel Martínez Noriega, Gloria Leticia Medina Rivera, Cecilia Molina Hernández y Luis Felipe Casas Alemán Martínez.
La cantidad corresponde a la diferencia entre el monto que debieron haber recibido —más de 37 mil pesos mensuales, según los presupuestos de egresos aprobados en 2021, 2022 y 2023— y los cerca de 6 mil pesos mensuales que efectivamente se les entregaron.
En conjunto, el adeudo asciende a 3 millones 664 mil 981 pesos, sin contar el aguinaldo reclamado, ya que este no fue considerado como prestación en los presupuestos municipales, de acuerdo con los expedientes TESLP/JDC/14/2023 y sus acumulados.
Aunque en su momento el Ayuntamiento intentó impugnar la resolución el año pasado, el TEPJF desechó el recurso al considerar que ni el alcalde ni el tesorero tenían interés jurídico directo, dado que la sentencia se dirigía al cumplimiento de una obligación institucional del gobierno municipal.
Además, en una resolución del mismo año, la Sala Regional Monterrey ordenó al TEESLP modificar la sentencia únicamente en el caso de la regidora Cecilia Molina Hernández, al advertir que el tribunal local no valoró adecuadamente las pruebas presentadas, entre ellas informes bancarios y recibos de nómina, que demostrarían la ausencia total de pagos desde agosto de 2022.
Ahora, el Tribunal Electoral del Estado deberá analizar si los nuevos alegatos financieros presentados por el Ayuntamiento justifican una modificación en los términos de cumplimiento de la sentencia, o si se tiene un nuevo desacato que podría derivar en medidas legales adicionales.
