Estela Ambriz Delgado
Si bien la administración del 10 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) representa un logro importante para los pueblos y comunidades indígenas en los últimos 30 años, es necesario que se continúe con la lucha, a fin de que en los próximos años logren administrar el 100 por ciento de lo que por derecho les corresponde, sugirió la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina A.C.
El representante de la coordinadora, Rogel del Rosal Valladares, celebró que por fin después de cuatro meses de retraso, la Secretaría del Bienestar ha iniciado la entrega de las tarjetas bancarias en las que se depositará el recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de Pueblos Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) a las comunidades potosinas; la siguiente tarea será administrar con responsabilidad, honestidad, eficiencia y eficacia.
Indicó que con la administración directa de estos 446 millones de pesos, para un total de 536 pueblos y comunidades, cuyos montos son distribuidos de acuerdo con su número de habitantes y grado de marginación, podrán realizar las obras que han decidido en sus asambleas generales, principalmente las orientadas a fortalecer sus sistemas de agua, pavimentar calles y caminos, abrir caminos saca-cosecha, mejorar la vivienda, entre otras obras sociales de beneficio común.
No obstante, recordó que el FAISPIAM sólo representa el 10 por ciento del FAIS que administrará el estado y los municipios, por lo que las comunidades, a través de sus autoridades, tendrán que gestionar los demás recursos que por derecho les corresponde ante las autoridades municipales y el Gobierno del Estado, para la realización de más obras y proyectos de desarrollo comunitario.
Aunque administrar ese 10 por ciento ya es un paso importante, logrado por la persistente lucha de los pueblos y comunidades indígenas en los últimos 30 años, exhortó a que esta continúe, a fin de que en los próximos años logren administrar el 100 por ciento de lo que por derecho les corresponde, como lo establece el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Destacó que la tarea actual de las localidades es lograr una buena administración del presupuesto y su aplicación cabal en la obra u obras acordadas en asamblea, para lo cual los comités de administración y vigilancia deben capacitarse suficientemente, sobre todo en cuestiones administrativas, técnicas y legales a fin de obtener buenos resultados.
También hizo mención de que esta es una oportunidad para que las comunidades ganen experiencia en seleccionar proveedores que ofrezcan mejores precios, calidad y eficiencia; mejoren la coordinación de sus autoridades civiles y agrarias con los comités; actualicen sus reglamentos internos, y planifiquen su desarrollo pensando en que en los próximos años administrarán su presupuesto directo en los montos que por derecho les corresponde.
“Con este proceder, las comunidades indígenas podrán superar décadas de abandono, mejorar su infraestructura social e impulsar sus actividades económicas, sociales y culturales con libertad, sin que estén maniatadas a las migajas de los gobernantes municipales quienes se han despachado con la cuchara grande a costa del empobrecimiento de la población”.
