Alejandro Rubín de Celis
El maltrato, el desprecio y la humillación del gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, hacia el rector, Alejandro Zermeño Guerra y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), ha llegado a extremos que no deberían tolerarse.
A las acusaciones hechas indirectamente al rector, hacia mediados de su primer mandato, de recibir a funcionarios corruptos de la “maldita herencia”, se suma la asfixia financiera que Gallardo Cardona le ha provocado a la máxima casa de estudios en el estado al dejar de entregarle, durante tres años y medio, las ministraciones que le corresponden, y operar políticamente para que se mantenga congelada en el Congreso del Estado una iniciativa presentada por Zermeño para que la UASLP obtenga su independencia financiera.
A pesar de sus crecientes necesidades de infraestructura y equipamiento, todo parece indicar que el gobernador ha preferido regresar cientos de millones de pesos a la federación antes que entregárselos a la Universidad, que es emblema del estado de San Luis Potosí.
De acuerdo con datos proporcionados por el periodista Victoriano Martínez Guzmán, publicados en su columna Caja Negra, la deuda de la administración gallardista a la UASLP, desde 2022 hasta junio de 2025, ascendería a 662 millones 400 mil 279 pesos, a no ser porque, de acuerdo al Convenio Marco de Colaboración 2016, entre la federación, el estado y la Universidad, el gobierno estatal está obligado a reintegrar anualmente a la Tesorería de la Federación el dinero que deja de entregarle a esa entidad de estudios superiores, aunque queda la duda sobre si ha habido desviación temporal de esos fondos o hasta jineteo de los mismos para obtener intereses bancarios, cuyo destino, de ser el caso, se desconoce.
De manera respetuosa y guardando las formas, pero el rector ha llegado casi a la súplica para que dos de los poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo a nivel local, atiendan sus legítimas demandas. Al Congreso del Estado le ha pedido que apruebe la iniciativa que presentó desde mediados de 2023 para que los gobiernos estatal y federal aporten 50 por ciento cada uno de la ministración que le corresponde a la Universidad, de acuerdo al mismo Convenio Marco. Ante la falta de respuesta de los diputados, Zermeño Guerra presentó un proyecto al gobernador en noviembre de 2024 con el propósito de obtener un porcentaje fijo del presupuesto anual del Ejecutivo del estado. La respuesta: el silencio. Y mientras tanto, la UASLP se rezaga en materia tecnológica, de infraestructura y financiera a causa del insuficiente presupuesto que recibe, hasta llegar al grado de poner en riesgo el pago de sueldos, aguinaldos y pensiones de su personal.
Gallardo Cardona no ha tenido la voluntad de cumplir el compromiso que hizo con el rector de un pago en especie consistente en la reparación de una Torre de la Facultad de Ciencias, Campus Pedregal, y la construcción de un gimnasio y un estacionamiento en esas mismas instalaciones, pactados desde el 12 de abril del año pasado. Tampoco se ha concretado nada sobre el anuncio que hizo, unos días después, el 23 de abril, de construir un Campus de la UASLP en Villa de Reyes. Se sospecha además que, dado el control que ejerce sobre el Congreso del Estado y el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), el mandatario potosino ha presionado a través de esas instancias para auditar los recursos propios que genera la UASLP, facultad que es exclusiva de la federación.
Esta situación ha llegado más allá de un límite razonable de paciencia y resiliencia frente a los abusos y el menosprecio que ha mostrado un gobernador incapaz de valorar la trascendencia de preparar y actualizar a los estudiantes y futuros profesionistas, ante los enormes desafíos que se presentan hoy en día en el ámbito local, nacional e internacional.
¿Hasta cuándo, doctor Zermeño, permitirá que siga ese sometimiento que daña profundamente la autonomía y la dignidad institucional de la UASLP? ¿Y dónde está la comunidad universitaria para defender su casa de estudios de los embates de un hombre cuya ignorancia y abusos en agravio de la Universidad -y de otros sectores de la sociedad- están a la vista de todos?
Hay dos antecedentes de la mayor relevancia respecto de las intenciones de gobernantes de apoderarse o dañar universidades públicas, y de la respuesta del rector en turno y de la comunidad universitaria. Uno de ellos fue el intento del cacique, Gonzalo N. Santos, quien buscó en 1956 imponer como rector al médico, Francisco Padrón Puyou. Eso provocó la reacción una mayoría universitaria que se pronunciaba por la reelección del doctor, Manuel Nava Martínez. Hubo movilizaciones estudiantiles y algunos enfrentamientos con fuerzas del orden, pero no pasó a mayores. El doctor Manuel Nava denunció públicamente la presión que padeció por parte del cacique para que no buscara la reelección, pero con gran firmeza y valentía, y el apoyo de la mayoría de estudiantes y maestro, decidió contender y ganó nuevamente la rectoría.
El otro caso que es importante evocar se relaciona con aquella manifestación que, con gran entereza y determinación, encabezó Javier Barros Sierra, entonces rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a finales de julio de 1968, en apoyo al movimiento estudiantil, que, entre otras exigencias, demandaba acabar con la represión ejercida por el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Barros Sierra marchó junto a estudiantes y maestros por algunas avenidas importantes de la Ciudad de México y de regreso a la torre de rectoría pronunció un discurso en contra de los agravios causados por el gobierno mexicano, nada menos que ¡a la autonomía universitaria!, y a favor de los reclamos de los estudiantes por paz y justicia.
En la actualidad, no hay abusos en contra de estudiantes ni violencia física que lamentar, pero sí violencia institucional y acciones de un gobierno que vulnera flagrantemente la autonomía universitaria, motivo suficiente para asumir una posición más firme y decidida contra el poder estatal, sobre todo después de haber soportado tantas ofensas.
Desde la última lucha social emprendida por el doctor Salvador Nava Martínez, allá en el lejano 1991, en contra de lo que él y su movimiento aseguraron había sido un fraude electoral, y que derivó en la caída del gobernador Fausto Zapata Loredo, la sociedad potosina ha permanecido en un letargo de más de tres décadas, del que no se ha sacudido ni siquiera por los daños que el clan Gallardo (padre e hijo) le han causado desde que se hicieron de la alcaldía de Soledad en el año 2009.
Como rector de la universidad más importante del estado, el doctor Alejandro Zermeño Guerra ocupa un lugar preponderante en la sociedad potosina. Es posible que una convocatoria de su parte para protestar en forma pacífica contra los excesos del gobernador en agravio de la UASLP, no sólo tenga eco y respuesta de la comunidad universitaria -que es lo mínimo que podría esperarse- sino de una parte importante de la misma sociedad, que, aunque no se expresa más que eventualmente y de manera aislada, ha contenido una creciente inconformidad que se escucha en muchos espacios públicos y privados, y que quizá sólo esté esperando una señal y un liderazgo que la haga despertar.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Periodista desde hace 38 años. Fue coordinador de Noticias de Canal 7 de televisión en SLP y director de la revista Transición en sus versiones impresa y electrónica. Docente universitario durante 31 años. Ha impartido materias de periodismo, ética de la comunicación y opinión pública.
