Estela Ambriz Delgado
Autoridades comunitarias náhuatl y tének del municipio de Tancanhuitz dirigieron un escrito a los mandatarios de cada uno de los tres niveles de gobierno, para manifestar que no dan ningún consentimiento a cualquier acción relacionada con la extracción de hidrocarburos en su territorio, por lo que piden que no se otorguen autorizaciones y por el contrario se impulse la legislación necesaria para prohibir la técnica de fracturación hidráulica o fracking.
Ante la amenaza de una posible extracción de hidrocarburos, dado lo que se plantea en el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, el pueblo tének y nahua de la Huasteca Potosina dirigieron un escrito a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona, y la presidenta municipal de Tancanhuitz, Olga Karina Luna Flores.
En el documento contextualizan el proceso que se ha llevado en su lucha contra el fracking entre los años 2014 y 2018, cuando se suscitaron fuertes movilizaciones indígenas y populares la Huasteca Potosina y otras regiones del país, ante los intentos del gobierno de Enrique Peña Nieto de entregar el gas y petróleo a compañías extranjeras a través de la reforma energética promulgada en diciembre de 2013, y la Ley de Hidrocarburos de agosto de 2014.
Esto llevó a un arduo proceso de fortalecimiento de la organización social y comunitaria en la zona Huasteca para enfrentar el despojo de sus tierras y devastación con la técnica del fracking, en 382 mil hectáreas de 18 municipios de la región, y que finalmente derivó en un consenso con acuerdos de cabildo en la mitad de ayuntamientos de los municipios amenazados: Xilitla, Tanlajás, San Antonio, Ciudad Valles, Tamazunchale, Tanquián, Tamuín, Ébano y Tancanhuitz.
Asimismo, en el escrito hacen mención del compromiso del ex presidente Andrés Manuel López Obrador de prohibir la fracturación hidráulica, así como el refrendo realizado por Sheinbaum Pardo, cuando estuvo en campaña para la presidencia.
Por ello, a la mandataria federal le piden que la iniciativa de reforma constitucional para prohibir el fracking enviada por López Obrador sea aprobada en sus términos por el Congreso de la Unión; le exigen que mantenga su compromiso de cancelar las rondas petroleras y prohibir la fracturación hidráulica y otros megaproyectos que afecten en sus derechos humanos e indígenas.
Al gobernador del estado, le expresan que no dan consentimiento a acciones prospectivas, de planeación o desarrollo que tengan como propósito la exploración, explotación, almacenamiento, conducción, transporte o transformación de hidrocarburos en sus tierras y en todo el territorio municipal, y mucho menos que se privatice o utilice el agua para esas actividades.
Resaltan que el bien común y los derechos humanos están por encima de cualquier actividad económica; el futuro de las nuevas generaciones y su dignidad, están por encima de cualquier interés que lo ponga en riesgo.
“Les recordamos que, en nuestra cosmovisión de nuestro pueblos y comunidades originarias, la tierra, el agua, el viento, la naturaleza y el medio ambiente en su conjunto, es nuestro hábitat existencial básico y es considerado sagrado. Por lo que recurriremos a todas las acciones necesarias para defenderlo en el marco del derecho que nos asiste”.
A la presidenta municipal y al Cabildo de Tancanhuitz, les exigen que con base en su manifiesta negativa a cualquier permiso para estas actividades, acuerden a la brevedad en sesión no otorgar ningún permiso y/o autorizaciones en el ámbito de su competencia, que vayan en contrario de sus derechos y den su posicionamiento en contra de la fracturación hidráulica.
De igual forma, que se hagan públicas las actas de Cabildo donde se resuelva a favor de sus derechos, pues como autoridad son sujetos obligados a protegerlos y garantizarlos. Recordaron también que ya existe un precedente del 22 de marzo de 2022, cuando se levantó un acta para tales efectos.
Por último, exhortan a que todos los organismos e instituciones públicas federales, estatales y municipales, que tienen la obligación de ser garantes, promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos individuales y colectivos, de acuerdo con los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de México, actúen en consecuencia ante el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035.
