Fernanda Durán
La magistrada Olga Regina García López, quien integró el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo encargado de revisar los perfiles de aspirantes a magistraturas para la reciente elección judicial local, evitó asumir responsabilidad sobre las recientes impugnaciones que señalan incumplimientos en requisitos constitucionales de algunos candidatos y candidatas.
Al preguntársele si los comités habían detectado estas inconsistencias, García López sostuvo que esa etapa “ya pasó” y que, en su momento, quienes no cumplieron con lo establecido en la Constitución fueron notificados.
Subrayó que el comité cumplió con su trabajo y que el resto corresponde al Tribunal Electoral.
“Toda esa etapa ya pasó, si yo bien integré uno de los comités, la verdad es que ahí se revisaron exhaustivamente los documentos y quienes cumplieron los requisitos siguieron adelante (…) ya lo demás ya no es de mi competencia”.
Cuando se le insistió en por qué habrían avanzado expedientes con observaciones, la magistrada reiteró que ya no era su tema.
“Pues ya no es mi tema, la verdad. La etapa que fue la del comité la cumplí a cabalidad y ya terminó, todo lo demás ya está en manos del Tribunal Electoral”.
Ante el cuestionamiento sobre si faltó exhaustividad en la revisión de ciertos expedientes, García López insistió en que los parámetros eran claros y que únicamente verificaron requisitos formales.
“No, simplemente estaban muy claros los requisitos que marcaba la Constitución y quienes no lo reunían no podían pasar a las siguientes etapas”.
El deslinde resulta significativo debido a que el comité que integró fue precisamente el que revisó el perfil de Zelandia Bórquez Estrada, quien posteriormente perdió la contienda en tribunales por no haber cumplido con el plazo constitucional de separación de su cargo, y que actualmente podría ser confirmado en definitiva por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
