Fernanda Durán
En sesión extraordinaria celebrada este viernes, el Congreso del Estado aprobó con 23 votos a favor una reforma constitucional que delimita las atribuciones en materia de amnistía e indulto, y establece un plazo de hasta 150 días hábiles para la elaboración y presentación de una nueva ley que regule ambas figuras.
La aprobación marca un primer paso para institucionalizar mecanismos de revisión excepcional de sentencias, aunque la legislación secundaria aún está pendiente de construcción.
El dictamen, resultado de la acumulación de seis iniciativas presentadas entre 2022 y 2024 por legisladores y personas ciudadanas, modifica los artículos 57 y 80 de la Constitución local para otorgar al Congreso del Estado la facultad exclusiva de conceder amnistías, mientras que el indulto será atribución del Ejecutivo estatal, conforme a una nueva fracción del artículo 80.
Aunque durante el análisis en comisiones se discutieron borradores de ley y se expusieron los principios que deben guiar su diseño —como la distinción entre “indulto por gracia” e “indulto necesario”—, el dictamen aprobado no contiene aún la expedición formal de la Ley de Amnistía e Indulto.
En cambio, establece en sus artículos transitorios que dentro de los siguientes 150 días hábiles se deberán llevar a cabo mesas de trabajo entre el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo para formular dicha legislación.
Esto implica que el régimen legal aplicable a estas figuras aún se encuentra en fase de transición y que, por el momento, no hay una norma secundaria vigente que regule los procedimientos, supuestos de procedencia o efectos jurídicos específicos del indulto y la amnistía a nivel estatal.
La reforma tiene como uno de sus principales antecedentes el indulto otorgado en junio de 2024 a Sanjuana Maldonado Amaya, promovido por el Congreso en ausencia de una ley reglamentaria.
Esta experiencia motivó a la ciudadana a presentar una de las iniciativas que integran el dictamen aprobado, con el objetivo de evitar que futuros casos se resuelvan sin certidumbre jurídica ni garantías procesales.
La iniciativa original para regular la figura de la amnistía había sido presentada desde mayo de 2022 por el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, y permanecía sin dictaminar.
Con la reforma aprobada, el Congreso se reconoce como facultado para decretar amnistías por delitos del fuero común, especialmente cuando existan razones humanitarias, sociales o derivadas de violaciones al debido proceso.
