Estela Ambriz Delgado
Autoridades comunitarias de Pilateno, Tierra Blanca, Petatillo, Coronel José Castillo, El Cristiano, Miramar, La Victoria, San Rafael, El Sabino y Amayo de Zaragoza, del municipio de Xilitla, pidieron a la Secretaría del Bienestar que vigile la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), pues desde hace cuatro años no han recibido obras, pese a que las han solicitado en múltiples ocasiones.
Denunciaron que a escasos tres meses y medio de que termine este año fiscal, la presidencia municipal de Xilitla mantiene en secreto la orientación del gasto de los ingresos de más de 346 millones de pesos que ha recibido en el presente año, mientras que en sus comunidades no hay obras en los últimos cuatro años de administración a cargo del presidente municipal Oscar Márquez Plascencia.
“Ha sido la misma práctica de opacidad en que se manejan los recursos públicos del municipio. Varias comunidades indígenas, a través de sus autoridades, hemos gestionado la realización de obras comunitarias, principalmente infraestructura de almacenamiento del agua y pavimentación de calles y caminos, pero tanto el alcalde como el director de Codesol, Juan David Almaraz, se esconden y no atienden lo que nuestras asambleas han determinado como obras prioritarias. Por lo tanto, no hay obra realizada”.
Informaron que han acudido en reiteradas ocasiones a establecer los mecanismos de aplicación del Ramo 33 enviado por el Gobierno Federal, que para este año administra el Ayuntamiento, que ronda en 169 millones de pesos, pero consideran que hay negligencia y soberbia de parte de los funcionarios públicos.
En este sentido hicieron mención, de que han acudido en diversas ocasiones al ayuntamiento para solicitar las obras que requieren, siendo la más reciente el 17 de septiembre, en la que autoridades de 11 comunidades de Xilitla se encontraron de nuevo con que Márquez Plascencia y Almaraz no se encontraban.
“No nos queda duda que el actuar irresponsable de este gobierno municipal esconde un problema muy grave: el presupuesto público no lo están aplicando en las obras que por derecho nos corresponde. Seguramente lo están desviando para beneficio personal”.
Las autoridades comunitarias consideraron, estas prácticas ponen en evidencia la discriminación de la que son objeto las comunidades indígenas, a pesar de los avances logrados con la reforma constitucional al artículo 2, que las reconoce como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, ya que los funcionarios municipales no respetan este mandato, e intervienen en estas sin respetar a la autoridad comunitaria, con el claro propósito de hacer clientelismo político a partir de dádivas, y quedarse con la mayor parte de éste.
Apuntaron a que esta práctica ha sido la constante, lo que ha profundizado la marginación de este sector de la población, por lo que solicitan a la Secretaría del Bienestar supervise el manejo de los recursos que a través de su dependencia se aporta a los municipios, en este caso el de los recursos del FAIS del Ramo 33 destinado a obras de infraestructura.
“Consideramos necesario que dicha Secretaría realice una supervisión en campo sobre la aplicación del FAIS para deslindar responsabilidades y para garantizar que dicho fondo realmente se aplique en las necesidades sociales y haga efectivo su acceso por parte de las comunidades indígenas. De otra manera las presidencias municipales seguirán viéndose como botín de políticos corruptos”.
